La tregua anunciada por ANDECLIP trae alivio momentáneo, pero deja abierta una discusión de fondo: cómo se distribuyen los recursos del sistema de salud y qué tan transparente es la ruta del dinero hacia los prestadores.
Por Gabriel José García Núñez
Santo Domingo. – La reciente decisión de la Asociación Nacional de Clínicas Privadas (ANDECLIP) de acogerse a una tregua y posponer el paro nacional de servicios ha traído un alivio momentáneo a miles de familias dominicanas.
Sin embargo, sería un grave error permitir que esta calma aparente sea el punto final de la discusión. El verdadero debate no es la suspensión de servicios, sino entender por qué, como país, hemos permitido que el sistema llegue hasta este punto de asfixia institucional.
Compartimos plenamente la preocupación de quienes ven con angustia cómo los pacientes quedan atrapados en medio de las diferencias entre los actores del sistema. Ese debería ser, sin duda, el objetivo común: la protección del ciudadano. No obstante, para comprender la magnitud de lo ocurrido, es indispensable ir más allá de la superficie y analizar el contexto.
Durante años, las clínicas privadas han agotado las vías institucionales disponibles. Han acudido a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), han presentado sus demandas ante el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), han buscado el arbitraje del Poder Ejecutivo y han intentado diálogos directos con las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS).
Su reclamo ha sido constante y razonable: la necesidad de establecer un mecanismo transparente y permanente para actualizar las tarifas que reciben los prestadores de servicios de salud.
El problema de fondo no es un porcentaje
Es necesario desmitificar la narrativa de que esta crisis es una simple disputa por algunos puntos porcentuales. El debate de fondo es traer transparencia a los fondos y mejorar las reglas de juego del sistema.
El problema estructural es que, mientras el CNSS ha aprobado sucesivas indexaciones de la cápita que reciben las ARS, no existe una metodología pública, objetiva y verificable que garantice que esos incrementos lleguen realmente a las clínicas y demás prestadores.
Mientras tanto, la realidad operativa de los centros de salud es implacable. Los costos de prestar servicios médicos —salarios, insumos, medicamentos, tecnología, energía y mantenimiento— no dejan de aumentar.
Ante esta realidad, la falta de una indexación automática y transparente amplía cada año la brecha entre el costo real de la atención y lo que el sistema reconoce como pago. Este escenario no solo es insostenible para las clínicas, sino que también pone en peligro la calidad y disponibilidad de la atención que recibe la población.
Por eso, la discusión no debería limitarse a cuestionar las medidas de presión. La pregunta de verdadero interés público, y que las autoridades deben responder con urgencia, es otra:
¿Qué ha ocurrido con las sucesivas indexaciones de la cápita aprobadas por el CNSS? ¿Cómo han sido distribuidos esos recursos y por qué los prestadores no perciben una actualización proporcional que garantice su sostenibilidad?
Transparencia en la ruta del dinero
El país merece claridad. El sistema de salud no puede seguir funcionando bajo la sombra de la discrecionalidad financiera.
Se necesita una reforma profunda que trace la ruta del dinero y establezca reglas claras, fundamentadas en datos técnicos y no en negociaciones opacas.
La paz social no se garantiza silenciando los paros, sino asegurando que el Seguro Familiar de Salud cumpla su promesa de eficiencia, equidad y calidad para todos los dominicanos.
La tregua anunciada por ANDECLIP representa una pausa en el conflicto, pero también abre una oportunidad para discutir con mayor profundidad la sostenibilidad del sistema, la actualización tarifaria y la distribución de los recursos dentro del modelo de seguridad social.
El debate central no debe ser únicamente cómo evitar una interrupción de servicios, sino cómo construir un mecanismo transparente que permita sostener la calidad de la atención, proteger a los pacientes y garantizar condiciones viables para los prestadores.
Más allá de una tregua, el sistema necesita respuestas claras, reglas verificables y una revisión seria de la ruta del dinero. Sin transparencia financiera, cualquier calma será temporal y el conflicto volverá a repetirse.
