El caso fue apoderado a la jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Yanibet Rivas y hoy le están notificando la acusación a los vinculados y la fijación de la fecha de audiencia.
El Ministerio Público presentó acusación formal en contra de un fiscalizador del Distrito Nacional y otros 16 imputados en la supuesta red que borró y alteró registros de antecedentes penales a 16,958 personas, la cual fue desmantelada mediante la Operación Gavilán.
La acusación fue presentada por el procurador fiscal Andrés Octavio Meda Marte; Yeni Berenice Reynoso, directora de Persecución del Ministerio Público y Sorelly Jaquez Vialet, procuradora de Corte, ante el juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional.
El expediente fue apoderado a la jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Yanibet Rivas, quien en el día de hoy a través de la secretaria del tribunal notificó la acusación a los imputados y al ministerio público.
En la instancia se solicita a la jueza admitir de manera total la acusación presentada por el Ministerio Público, con todos sus elementos de pruebas en contra de las personas físicas y morales y que en consecuencia dicte auto de apertura a juicio de fondo en contra de los encartados.
Asimismo, pidieron al tribunal mantener la medida de coerción impuesta a los acusados a través la resolución del 7 de agosto del 2023, dictada por el juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, por ser estas las que garantizan que los mismos no se sustraigan al proceso penal que se le sigue por hechos graves y que se mantengan además todas las medidas cautelares impuestas sobre los bienes.
Además, solicitaron ordenar al Ministerio Público la conservación y la reserva confidencial de los datos y registros de los ciudadanos con antecedentes penales y fichas delictivas que se encuentran respaldados en la evidenciaA3, correspondiente al Servidor de Base de Datos, PGR-SQL-DBO1, sistema operativo: Ubuntu 20.4.5, ubicado en la Dirección de Tecnología de la Información y comunicación (DTI), de la Procuraduría General de la República.
En el expediente figuran como acusados el fiscalizador en la Fiscalía del Distrito Nacional, Luis Peña Cedeño, Alfredo Mirambeaux Villalona, Martíres Rosario Reyes, Rubén Darío Morbán Santana, Ashely Darleni Morbán Reyes, Laudelina Esther Reyes Silva, Pilar Yrenes Medina Trinidad, Romanqui Alexander Dotel.
Igualmente, Yokaira Elizabeth Carmona, José Ramón Quezada Carmona, Antony Vicente Ferrer Monegro, Víctor Gilberto Mercedes Gómez, Dilcia Argentina Núñez Santos, Luis Alfredo Astacio Polanco, Katherine Franchesca Astacio Polanco, Jancely Estala Arias López, Domingo Julio Santana Sánchez, así como la empresa Nexcom Tecnology.
De acuerdo con la acusación, los miembros de la presunta red utilizaron su posición como empleados con acceso a la base de datos de registros penales para cometer acciones ilícitas en contra de los registros nacionales de procesamiento y antecedentes penales.
Mientras que una jueza de instrucción especial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional se encuentra apoderada del control de las investigaciones de fiscales vinculados a la estructura dedicada a eliminar, a cambio de sobornos, antecedentes penales de procesados por diversos delitos.
De los fiscales investigados, sólo se ha dado a conocer el nombre del titular de la provincia Independencia, Soni Adriano Rosario, quien fue suspendido de sus funciones, aunque trascendió que también estaría vinculado un fiscal de la jurisdicción de Santiago.
De acuerdo al Ministerio Público, los fiscales y los fiscalizadores actuaban en complicidad con inspectores de la Dirección de Migración, quienes ocultaban los impedimentos de salidas del sistema por horas, nunca por más de tres días, a la espera que las personas pudieran salir del país por el Aeropuerto Internacional de Las Américas.
