El caso Calamar proyecta convertirse en un campo de batalla legal entre el Ministerio Público y abogados defensores de varios de los imputados que ya acusan a los primeros de utilizar la impunidad como instrumento de negociación con “informantes” a los que se les ha permitido evadir la devolución de más de 6,500 millones de pesos y preservar así una enorme fortuna que, según la solicitud de medida de coerción, esas personas adquirieron de manera fraudulenta.
El Ministerio Público ha ido al juicio preliminar cargado de un arsenal de documentos frutos de diligencias jurídicas y de investigación, algunas de las cuales son usadas por abogados defensores para debilitar la acusación.
La abogada Laura Acosta, una de las representantes legales de Gonzalo Castillo, denunció ayer en los pasillos del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva que el Ministerio Público está negociando impunidad y permitiendo que señalados como responsables de operaciones fraudulentas devuelvan menos de la cuarta parte de lo que las mismas autoridades han documentado que sustrajeron de manera fraudulenta del Estado.
Sus declaraciones fueron después de que terminará ayer una audiencia en la que los abogados defensores solicitaban a la jueza que los incluyera a ellos en el proceso mediante el cual el Ministerio Público busca excluir de la acusación a Mario Emilio Jiménez Collins y José Arsenio Ureña a través de un acuerdo.
La jurista manifestó que se está negociando que personas a las que el propio Ministerio Público señala como beneficiarios de 7,615 millones de pesos obtenidos de manera fraudulenta, salgan librados con devolver solo 1,000 millones y quedarse como informantes.
Aunque en su declaración a la salida de la sala de audiencias del tribunal, la abogada Acosta no ofreció mayores detalles, se refería a lo contenido en el relato de la solicitud de medida de coerción en la que se indica que la empresa Trossachs Enterprises recibió del Estado dominicano RD$7,615 millones de pesos durante el periodo 2017-2020, sin embargo, esa empresa no aparece entre las personas jurídicas acusadas, ni tampoco sus accionistas, que son Mario Emilio Jiménez y José Arturo Ureña por intermedio de las empresas Clat y Blucor, respectivamente.
Aunque la empresa Trossachs Enterprises, ni Mario Emilio Jiménez y José Arturo Ureña aparecen en la acusación y el Ministerio Público plantea excluirlos mediante el “criterio de oportunidad”, en las pruebas aportadas para la misma detalla los libramientos a favor de la empresa que totalizan 7,615 millones de pesos que afirman fueron recibidos de manera irregular.
La audiencia fue aplazada ayer para el 25 de julio por la divergencia entre los representantes del Ministerio Público y los querellante sobre los bienes.
