El Gobierno de Gabriel Boric confirmó que la Justicia investiga el secuestro de un militar venezolano que tenía asilo en Chile

Tras la confirmación del hecho, la administración chilena pidió la colaboración de Interpol para ampliar la búsqueda

El subsecretario de Interior chileno, Manuel Monsalve, informó este miércoles que el Ejecutivo pidió levantar una alerta a la Interpol y reforzar el control fronterizo, tras conocerse el supuesto secuestro de un ciudadano de nacionalidad venezolana que sería un ex militar que vive en Chile.

“El Gobierno le ha pedido a las policías que refuercen los controles fronterizos, tanto a Carabineros de Chile, que tiene a cargo el control de las fronteras, como a la Policía de Investigaciones (PDI) que tiene a cargo el control migratorio, y se ha solicitado levantar una alerta Interpol, cuestión que ya se ha hecho”, expresó Monsalve tras la reunión de urgencia que el Gobierno chileno mantuvo al conocerse el presunto secuestro.

La Brigada de Investigaciones Policiales Especiales Antisecuestros (BIPE) de la Policía de Investigaciones (PDI) informó a través de una breve nota que está a cargo de la investigación, aunque no puede entregar “mayores antecedentes” porque la indagatoria “fue decretada secreta”.

En palabras de Monsalve, el caso se ha declarado bajo investigación secreta, lo que limita la divulgación de detalles específicos al respecto. “La investigación quedó a cargo de un equipo ECOH de la Fiscalía, lo que garantiza un seguimiento exhaustivo del caso”, explicó, reafirmando el compromiso del Gobierno con el esclarecimiento de este suceso.

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El subsecretario además solicitó “colaboración y responsabilidad” en la difusión de información relacionada con el caso, enfatizando la importancia de preservar la integridad de Ojeda Moreno y su entorno familiar.

Monsalve explicó que, además, el Ministerio de Defensa solicitó “activar y fortalecer” los controles fronterizos que ejecutan instituciones como la Policía Marítima en los puertos, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) en los aeropuertos, y las Fuerzas Armadas en las regiones norteñas de Arica, Tarapacá y Antofagasta.

A pesar de la complejidad y las numerosas hipótesis que han surgido en torno al secuestro, Monsalve hizo hincapié en que cualquier confirmación o descarte de estas corresponde exclusivamente al Ministerio Público, dentro del marco de la investigación. “Como se han levantado muchas hipótesis, quiero reiterar que el Gobierno se hace cargo de todas las hipótesis posibles”, aseguró.

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Asimismo, se ha solicitado la colaboración de Interpol para ampliar la búsqueda y recolección de información que pueda contribuir a la pronta resolución del caso.

Respecto a las relaciones diplomáticas y especulaciones sobre posibles operaciones militares venezolanas en territorio chileno, Monsalve aclaró que no ha habido contacto con autoridades de Venezuela y calificó como “prematuro” indicar si existió una operación militar del régimen de Nicolás Maduro en Chile.

Más temprano, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Tomás De Rementería, dijo -según recogieron los medios chilenos- que pedirá “que se citen a las autoridades de los órganos de inteligencia para ver la información que tienen (…) y para saber si se le preguntó al Gobierno venezolano si, efectivamente, esto estaba sucediendo”.

Por su parte, desde la oposición, el diputado del ultraderechista Partido Republicano Luis Fernando Sánchez señaló que la denuncia es “gravísima no solo por el secuestro de una persona -dijo- sino también por la eventual participación de agentes de la dictadura venezolana operando libremente en Chile”, un dato que no ha sido confirmado oficialmente por ninguna autoridad.