Un tribunal revolucionario de Teherán, el sistema paralelo que juzga los presos políticos, sentenció a la pena capital a un manifestante. Hay más de 15.000 detenidos por las movilizaciones y se teme que cientos sean condenados a la horca
Un tribunal revolucionario de Teherán ha condenado a muerte este domingo a un detenido por quemar una sede gubernamental durante la ola de protestas contra la muerte en prisión de la joven Mahsa Amini el 16 de septiembre, en lo que supone la primera sentencia de este calibre desde el inicio de las manifestaciones.
La agencia oficial de noticias IRNA, que no identifica al condenado, indica que la sentencia se ha dictado en relación con los cargos de “incendiar un edificio gubernamental, alterar el orden público, reunirse y conspirar para cometer un delito contra la seguridad nacional, y ser enemigo de Dios y de corrupción en la tierra”, este último delito castigado con la ejecución.
El veredicto, sin embargo, aún puede ser apelado.
Asimismo, el tribunal también ha condenado a cinco personas a penas de entre cinco y diez años de prisión por alteración del orden público.
Más de 15.000 iraníes han sido detenidos y varios cientos han muerto en casi dos meses de protestas, según estimaciones de la agencia de noticias activista Hrana. Las manifestaciones que comenzaron en respuesta al presunto asesinato policial de Amini se han convertido en un amplio movimiento contra los líderes clericales del país. Las autoridades han exigido duros castigos para los manifestantes, a los que llaman “alborotadores”, y han tratado de culpar de los disturbios a potencias extranjeras.
Algunos de los detenidos son puestos en libertad con una multa. Otros son juzgados en un tribunal penal. Pero los presos políticos suelen enfrentarse a estos temidos tribunales revolucionarios, un sistema paralelo creado para proteger a la república islámica, dijoa The Washington Post Hadi Enayat, sociólogo político especializado en derecho iraní.
Los tribunales revolucionarios son conocidos por sus “atroces violaciones de las garantías procesales”, dijo Tara Sepehri Far, de Human Rights Watch. El Estado “utiliza los juicios como un elemento más para dar forma a su narrativa sobre las protestas”.
Al igual que en el pasado, los grupos de derechos humanos esperan que sean juicios falsos, basados en pruebas fabricadas y confesiones realizadas bajo coacción o tortura. Los detenidos han sido acusados de cometer actos de violencia y de asesinar a las fuerzas de seguridad iraníes con pocas o ninguna prueba, dicen.
