La Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) investiga un alegado fraude por desfalco contra el Estado dominicano valorado en más de 17,000 millones de pesos durante la gestión del presidente Danilo Medina.
La información está contenida en el acta de autorización de información financiera para la investigación emitida por la jueza coordinadora de los juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero Severino, que ordena a las superintendencias de Bancos y Valores, a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y al Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop), proveer una serie de informaciones requeridas por la Pepca para la investigación de un total de 209 personas físicas y jurídicas (empresas).
De acuerdo con el documento, “el modus operandi consistía en que, bajo las instrucciones del ministro de Hacienda, para ese entonces, Donald Guerrero Ortiz, se realizaron maniobras fraudulentas con el objetivo de sustraer del erario público la cantidad de RD$19,653,871,513.80, por concepto de acuerdos transaccionales, de los cual hemos (el Pepca) identificado que lograron sustraer RD$17,300,642,051.07 por operaciones relacionadas con expropiaciones de terrenos en áreas protegidas”.
Indica que otras operaciones que se han identificado fueron “la simulación de compra y venta de terrenos bajo la modalidad de deudas administrativa, cuyo elemento común en todas las transacciones o acuerdos firmados entre las partes, es el relacionado a contratos de cesiones de crédito por más de RD$10,500 millones a personas de su entera confianza, que en ocasiones utilizaban sociedades comerciales de carpeta, disolviéndolas inmediatamente obtuvieron su objetivo, constituyendo el tipo penal de desfalco”.
El principal imputado en el caso es el exministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, pero también están incluidos los exfuncionarios Emilio César Rivas Rodríguez, exdirector de Bienes Nacionales; Claudio Silver Peña, exdirector nacional de Catastro; Luis Miguel Piccirillo Mccabe y Domingo Enrique Martínez Reyes, del Consejo Estatal del Azúcar; Simón Lizardo Mézquita, exadministrador del BanResrevas; Luis Baldemiro Reyes Santos, exdirector de Presupuesto; Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana, excontralor general de la República; y Princea Alexandra García Medina y Aldo Antonio Gerbasi Fernández, de la Dirección de Reconocimiento de Deuda Pública, entre otros exfuncionarios y subordinados.
¿Cómo se inició la investigación?
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa inició una investigación a raíz de un informe de investigación especial presentado por la Contraloría General de la República, de fecha 23 de septiembre de 2021, sustentado en datos e informaciones extraídos de los sistemas internos de la Contraloría General de la República e informaciones certificadas por el Ministerio de Hacienda, Tesorería Nacional y la Dirección General de Impuestos Internos, entre otras instituciones.
“En el levantamiento realizado por la Contraloría General -indica- fueron identificados múltiples libramientos de pagos fraudulentos a terceros bajo la modalidad de supuesta deuda pública por concepto de expropiación de terrenos por la suma de 14,100,000,000 (catorce mil cien millones de pesos) por acuerdos transaccionales, de los cuales indica el informe que se pagaron la suma de 12,540,449,339.27 (doce mil quinientos cuarenta millones cuatrocientos cuarenta y nueve mil trescientos treinta y nueve pesos) en un periodo de seis meses, comprendido entre enero a julio del año 2020. Más aun, durante la investigación el Pepca indica que ha determinado que la afectación al patrimonio público es muy superior al indicado en el informe de investigación especial presentado por la Contraloría General de la República y que no solo han utilizado la modalidad de expropiación de terrenos parar lograr que el Estado erogue fondos a favor de la estructura de corrupción, sino que es un entramado de corrupción que utiliza distintas modalidades para lograr burlar los controles normativos y obtener los recursos económicos deseados”.
De acuerdo con el documento obtenido por Diario Libre, hasta el instante, los supuestos terrenos expropiados fueron identificados en distintos puntos de la geografía nacional: en Higüey, específicamente en el Parque Nacional del Este (Cotubanamá); Santo Domingo, una de las parcelas donde se encuentra ubicado el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA); Distrito Nacional, en una parcela ubicada en la franja marítima del malecón; Santo Domingo Oeste, dentro de los terrenos donde se construyó el Merca Santo Domingo; y Cotuí, en la provincia Sánchez Ramírez.
De acuerdo con el Ministerio Público, los terrenos afectados por la investigación, por un valor total de 19,653,871,513.80 (diecinueve mil seiscientos cincuenta y tres millones ochocientos setenta y un mil quinientos trece pesos), son los siguientes:
De acuerdo con el documento, el informe de investigación realizado por la unidad antifraude de la Contraloría General de la República, indica que en la mayoría de los casos se verificaron diversas incongruencias entre los nombres de las personas asentadas como los titulares de los derechos afectados por los decretos y los nombres que figuran en los documentos presentados por los reclamantes para soportar los pagos, los cuales fueron asumidos como errores tipográficos por los técnicos evaluadores de los documentos, sin procurar que dichos errores fueran rectificados a través de los procedimientos establecidos en las leyes por las autoridades competentes, situación que también fue observada en los nombres y apellidos de los servidores públicos actuantes en las diferentes etapas administrativas para el proceso de pago.
El documento también sostiene que “en la investigación se ha determinado que los señores Ramón Emilio Jiménez Collie (a) Mimilo, José Andrés Familia, Fernando Crisóstomo Herrera, Álvaro Jiménez Crisóstomo, Efrain Santiago Báez Fajardo, José Pablo Ortiz Giraldo, José Arturo Ureña, Juan Alexander Tapia Holguín, Pedro María de Altagracia Veras y Bernardo Rafael Ledesma, están vinculados en el entramado de las concesiones de créditos donde se realizaban las mismas maniobras en diferentes instituciones de manera particular”.
Asimismo, “el investigado Donald Guerrero creó una estructura no gubernamental compuesta por los investigados Mimilo Jiménez, José Andrés Familia, Fernando Crisóstomo Herrera, Álvaro Jiménez Crisóstomo, Efrain Santiago Báez Fajardo, José Pablo Ortiz Giraldo, José Arturo Ureña, Juan Alexander Tapia Holguín, Pedro María de Altagracia Veras y Bernardo Rafael Ledesma, Ángel Lockward Mella, Ángel George Lockward Cruz, entre otros, para a través del Ministerio de Hacienda hacer procesos irregulares e ilegales de deuda pública y con ello desfalcar el patrimonio del Estado dominicano”.
