Cada día que pasa, la crisis de Haití toca más el fondo, sin que hasta ahora la comunidad internacional accione para detener una hecatombe en esa nación, la más pobre de América, en la que las bandas criminales tienen el control de parte del territorio.
Frente ese contexto, de este lado de La Hispaniola, el Gobierno dominicano ha robustecido las medidas migratorias, a fin de evitar que esas pandillas penetren la línea fronteriza, donde se añadieron más de tres mil militares a los más de 10 mil que la patrullan.
Anoche, el Consejo Nacional de Migración (CNM), tras casi cuatro horas reunido con el presidente Luis Abinader, definió cuatro medidas, puesto que “ante el deterioro progresivo de las condiciones políticas, económicas y sociales de Haití debemos actuar con responsabilidad y firmeza para proteger la seguridad interna”.
El CNM, que se definió en sesión permanente, aprobó auditar los más de 200 mil inscritos en el Plan Nacional de Regularización realizado en el gobierno anterior, a fin de ver quién califica para residir en República Dominicana.
Además, el Gobierno instalará 38 oficinas en el territorio nacional para identificar a todos los ciudadanos extranjeros.
Se organizarán reuniones con los sectores productivos para definir los procedimientos de contratación de mano de obra inmigrante, una medida que ya había sido ejecutada desde el 28 de septiembre, cuando el CNM dio un ultimátum de tres meses a las empresas para que definan el estatus de los empleados extranjeros.
Pero la medida más drástica anunciada la noche del miércoles es que en hospitales del país solo se atenderán a inmigrantes ilegales en casos de emergencias.
Acerca de esta acción, ya el sector salud dominicano se ha quejado que parte de su presupuesto, alrededor de RD$4,196 millones, lo gasta en servicios médicos a extranjeros. En 2020, el número de parturientas de Haití que dio a luz del lado dominicano ascendió a 30,322, lo que representa un 27 % de los nacimientos de República Dominicana, según datos del Servicio Nacional de Salud (SNS).
Con estas cuatro medidas se buscan igual cantidad de objetivos, según expresó Jesús Vásquez (Chu), ministro de Interior y Policía, quien leyó el documento.
El primer propósito -dijo- es garantizar el acceso digno a todos los pacientes dominicanos que acudan a los centros hospitalarios; el segundo, asegurar el control de enfermedades para proteger a la población de posibles contagios; el tercero consiste en reducir la presencia de ciudadanos extranjeros ilegales en el país, y el cuarto, incrementar la seguridad ciudadana impidiendo la penetración a territorio dominicano de grupos criminales.
Las bandas en Haití, indica el CNM, impiden el abastecimiento de combustible, paralizan la actividad productiva, la disponibilidad de alimentos y la imprescindible atención médica, poniendo en riesgo el bienestar de la población de su país.
“La regulación y el control del movimiento de personas que entran y salen del país es un derecho inalienable y constitucional del Estado dominicano”, expuso Vásquez Martínez.
Enfatizó que “las condiciones actuales de Haití ponen presión adicional sobre nuestro presupuesto de salud, incrementan la ya desbordada inmigración y contribuyen a debilitar nuestra seguridad ciudadana”.
“La República Dominicana no puede seguir cargando el peso de los problemas de Haití”, subrayó el ministro.
Las medidas anunciadas este miércoles por el Consejo de Migración se agregan a otras adoptadas por el Gobierno esta semana en busca de frenar la entrada de inmigrantes ilegales desde Haití. El lunes se pausó “indefinidamente” el programa especial de visado a estudiantes haitianos.
“Lo que se está diciendo es que no habrá renovación automática y que tenemos que chequearlo porque yo tengo que proteger a este país”, sentenció el presidente Luis Abinader con un golpe en la mesa, durante una rueda de prensa en el Palacio la mañana del miércoles.
