Los abogados del mayor general Adán Cáceres solicitaron suspender en sus funciones a la coordinadora del Nuevo Modelo Penitenciario, Hilda Patricia Lagombra, e imponerle medidas disciplinarias, por supuestamente impedir el ejercicio de la legítima defensa de su representado.
Mediante una rueda de prensa, dijeron que se les ha hecho casi imposible reunirse con su defendido, debido a las trabas que se están poniendo en práctica en la prisión, violentando el debido proceso.
Calificaron de insólito que el 19 de julio tenían una cita a las 3:00 de la tarde, firmada y autorizada por Lagombra para ver a su defendido y que “luego de esperar más de una hora como otras veces, en pleno sol, les informaron que no se podía realizar”.
Informaron que mediante una instancia dirigida a la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, demandaron aplicar sanciones disciplinarias contra los ejecutores del Estado dedicados a impedir el ejercicio del derecho de defensa del imputado y que se proceda a someterles por ante el tribunal correspondiente.
Solicitaron la suspensión inmediata de las supuestas prácticas ilegales y las condiciones de “indefensión ejecutadas en contra de Adán Cáceres, por parte de las autoridades del Centro Correccional y de Rehabilitación Najayo Hombres, y miembros de la Procuraduría General de la República”.
“Mientras los esbirros del Estado vacunados contra los efectos de la ley por la Procuraduría General de la República, permanezcan vigentes e impunes sobre sus hechos y si no es posible actuar en su contra, el Estado Dominicano debe dejar atrás la campaña promovida bajo el título de persecución contra la corrupción”, indicaron.
“No será exitosa la lucha contra ese mal, cuando la peor de todas las corrupciones se comete desde sus más elevados órganos, con la aprobación y complicidad de los promotores de esta falsa cruzada de legalidad y honestidad”, agregaron los juristas.
Asismimo, denunciaron que una persona de apellido Popoter, intentó practicar un interrogatorio a su defendido sin la presencia de sus abogados y sin explicar el propósito del mismo, en franca violación del debido proceso de ley y que en otra ocasión unas ocho personas intentaron hacer los mismo con intensiones inconfesadas.
Expresaron que esa forma de actuar tiene la única finalidad de tratar de amedrentar al mayor general Cáceres y obtener del mismo “confesiones” por medio de tortura. “A través de preguntas capciosas o confusas y prácticas prohibidas de intimidación y violencia psicológica, lo cual viola su derecho constitucional a no autoincriminarse”, añadieron.
Indicaron que cada vez que el imputado ha elevado una denuncia al respecto, el “equipo operativo” de la Procuraduría General de la República, acuartelado en la Dirección General de Prisiones, procede a apretar más al denunciante para callarle.
Precisaron que ya se trata de un daño irreparable, “salvo que el sistema y sus sicarios sean separados de sus cargos, procesados y condenados por sus delitos”.
“Mientras los promotores de tales actividades sean sostenidos por el Poder del Estado, sus advertencias de retaliación seguirán vigentes, tal y como en efecto han demostrado son capaces de ejecutar y no existirá un ápice de las condiciones propicias para ejercer el derecho de defensa que se le ha amputado a su defendido”, concluyeron.
