La Fiscalía General de Brasil presentó este viernes una apelación contra la decisión judicial que anuló las condenas a prisión que pesaban contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011).
La apelación deberá ser juzgada por el pleno del Supremo, formado por once magistrados, y en ella no solo estarán en juego las penas de cárcel dictadas contra Lula, que suman casi 26 años, sino también sus derechos políticos y la posibilidad de postular a la Presidencia en 2022, que ha recuperado con el fallo que anuló las sentencias.
La anulación de las penas fue decidida el pasado lunes por el juez Edson Fachin, miembro de la Corte Suprema y responsable en ese tribunal de la operación anticorrupción Lava Jato, que condujo la investigación contra el expresidente.
Fachin argumentó que las causas en que Lula fue acusado y hallado culpable no tenían relación directa con los escándalos en la estatal Petrobras, a los que se limitaba la competencia de la corte de primera instancia entonces dirigida por el exjuez Sergio Moro.
El magistrado Fachin determinó que, debido a ese “error” de jurisdicción, los procesos deben ser anulados y retomados por tribunales de Brasilia, una decisión que la Fiscalía General ha pedido ahora que sea revisada.
Según la demanda presentada por la Fiscalía ante el Supremo, la solicitud de mantener las decisiones adoptadas por el tribunal de Curitiba “se fundamenta en la defensa de la estabilidad procesal y la seguridad jurídica”.
También sostiene que en las cuatro causas que han sido anuladas, en dos de las cuales ya había sentencia, existía una relación con las corruptelas en Petrobras, pues trataban de sobornos supuestamente recibidos por el expresidente de empresas constructoras que habían obtenido contratos con la petrolera en forma fraudulenta.
Los casos en los que hubo sentencia se refieren a un apartamento en el balneario de Guarujá y a una casa de campo en la localidad de Atibaia, ambos la jurisdicción del estado de Sao Paulo, que habrían sido traspasados a Lula por los supuestos favores realizados a esas empresas constructoras.
Los otros dos casos, pendientes de sentencia, están vinculados con el Instituto Lula, volcado a la cooperación y la investigación en las áreas de economía y política, y que también, de acuerdo al fallo de Fachin, deberían pasar a la órbita federal de Brasilia.
La Fiscalía General dice en su demanda que, en caso de no ser aceptados sus argumentos, la Corte Suprema remita a la justicia federal de la capital solamente los dos casos en que no ha habido sentencia y ratifique los otros dos.
Asimismo, pide que, “en la hipótesis de no aceptación de ninguno de esos pedidos, los procesos sean enviados a la Sección Judicial de Sao Paulo, en la medida en que los casos en cuestión se refieren a casos y valores relativos a inmuebles y al instituto con sede en ese estado”.
Lula ha celebrado la decisión del juez Fachin como un “triunfo de la verdad” y casi como una comprobación de la “persecución política y jurídica” de la que ha sido víctima y que le llevó a pasar 580 días en prisión.
El expresidente hizo un pronunciamiento el pasado miércoles y no dejó del todo claro si piensa volver a aspirar a la Presidencia el año próximo, en unas elecciones en las que el actual mandatario Jair Bolsonaro, su mayor antagonista político, ya ha anticipado que intentará renovar su mandato.
