Wacal Méndez Pineda, uno de los imputados del caso Pulpo y quien cumple prisión preventiva, solicitó que un juez le revise la medida de coerción y le imponga una menos gravosa.
A Méndez Pineda le fue impuesta la medida coercitiva en diciembre pasado, tras ser imputado por el Ministerio Público como de los testaferros de Alexis Medina, quien está acusado de dirigir un entramado de corrupción en varias instituciones del Estado.
El juez Amaury Martínez, del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, conocerá este miércoles la audiencia para revisar la medida. Este tribunal es quien tiene el control del caso.
El imputado está recluido en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Hombres, de San Cristóbal, desde diciembre pasado.
Aunque es el próximo 1 de marzo que corresponder revisar, de manera obligatoria, la medida de coerción a Méndez Pineda y los otros 10 acusados de caso, este se adelantó haciendo uso de su derecho.
El mes pasado, seis de los acusados, y que no incluida a Méndez Pineda apalearon, pero la Segunda Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional les rechazó el recuso y les mantuvo la prisión preventiva.
Los implicados en este caso de corrupción administrativa son, además de Méndez Pineda, los hermanos del expresidente Danilo Medina, Alexis y Carmen Magalys Medina Sánchez; y los exfuncionarios Francisco Pagán, Lorenzo Hidalgo Núñez, Rafael Germosén Andújar, Fernando Rosa, Aquiles Alejandro Christopher, Domingo Santiago Muñoz, Julián Esteban Suriel Suazo y José Dolores Santana Carmona.
D acuerdo a las investigaciones del Ministerio Público, desde que el expresidente Medina asumió el poder, su hermano Alexis creó una red criminal para, a través del tráfico de influencias y violaciones a múltiples leyes, beneficiarse por años con más de cuatro mil millones de pesos.
El órgano investigador determinó que Alexis se manejaba como un “pulpo” y tenía tentáculos en cuatro entidades del Estado. Estas son la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER), el Ministerio de Salud Pública y la Contraloría General de la República.
Las pesquisas arrojaron que unas ocho empresas supuestamente controladas por Alexis, recibieron ilícitamente fondos públicos por más RD$4,769,775,128.96.
La Procuraduría Especializada de la Corrupción Administrativa (Pepca) ha establecido que con las empresas, Alexis fungir como suplidor del Estado aprovecharon su vínculo directo con el exmandatario.
Indicó que las compañías que no registraban ni el capital y el personal necesarios para ofrecer los servicios para los que fueron favorecidos con contratos millonarios en diferentes instituciones del Estado.
