Bruselas propone un fondo para financiar el suministro de armas y combustible al Ejército ucranio y prohíbe las emisiones de medios rusos acusados de propagar “información tóxica” al servicio del Kremlin | Putin activa la fuerza nuclear ante la presión internacional
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado este domingo que la UE cerrará su espacio aéreo a las aerolíneas rusas y los jets privados de los oligarcas de este país. Von der Leyen ha anunciado medidas para prohibir en Europa las emisiones de RT, Sputnik y demás medios de comunicación rusos acusados de propagar “información tóxica” al servicio del Kremlin.
El alto representante para la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, ha explicado que los Veintisiete van a discutir esta tarde la creación de un fondo para financiar el suministro de armas, combustible y suministros médicos a Ucrania. El presidente ruso, Vladímir Putin, ha ordenado poner en alerta máxima a sus fuerzas de disuasión, responsables de manejar las armas nucleares, como respuesta a las sanciones y la actitud “agresiva” de la OTAN.
Tras una conversación entre el presidente ucranio, Volodímir Zelenski, y el líder autoritario de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, Rusia y Ucrania han confirmado que negociarán cerca de la frontera bielorrusa. Las tropas rusas han entrado hoy en Járkov, la segunda ciudad ucrania (1,4 millones de habitantes, noreste del país), aunque el alcalde de la ciudad y el gobernador regional han asegurado que Ucrania mantiene el control de la urbe, mientras siguen los combates en otras localidades, como la capital, Kiev.
La Comisión Europea ha anunciado este domingo que va a proponer de manera inmediata la activación de una directiva, jamás utilizada, que permite la entrada en territorio comunitario de un número ilimitado de personas que huyen de una catástrofe. Una vez aprobada su aplicación, decisión que se espera este mismo jueves, los ucranios que buscan refugio tendrán derecho a permanecer en la UE durante al menos un año, plazo prorrogable hasta tres años en caso necesario.
Durante ese tiempo, el Estado de acogida tiene la obligación de ofrecer a los recién llegados la asistencia social necesaria (como alimentación y atención médica), permitirles trabajar si fuera posible y acceso a la educación a los menores de 18 años, informa Bernardo de Miguel desde Bruselas.
Esta directiva se aprobó en 2001, tras el éxodo provocado por las guerras de los Balcanes tras la desintegración de Yugoslavia.
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