El juez Leonardo Tineo, miembro del Consejo del Poder Judicial, denunció este miércoles en la Procuraduría General de la República (PGR) al presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina, por supuestamente beneficiar a empleados con los que tiene vínculos directos y a los que ha asignado sueldos entre RD$200,000.00 y RD$400,000.00 cuando la norma establece que el tope salarial es de RD$184,000.00.
Según Tineo, estos empleados de la SCJ han acompañado a Molina en todo su caminar como funcionario público mientras fue presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), cuando fue director del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (CEI-RD) y actualmente están nombrados con los referidos sueldos en el Poder Judicial.
En ese sentido, Tineo afirmó que esta acción ha causado desagrado entre jueces y colaboradores porque “aquí quien más cobra, gana $184,000 pesos, pero ese grupito que ha venido moviéndose con él (Molina) ha venido a cobrar más que los jueces titulares”.
El juez que interpuso la denuncia explicó que la acción constituye un acto de irregularidad porque en la SCJ existe un manual salarial “que el mismo Luis Henry solicitó”, pero, según acusó Tineo, lo pidió para beneficiar a un grupo de colaboradores que trajo desde INDOTEL.
Asimismo, en la instancia que depositó Tineo figuran acusaciones por prevaricación, desfalco, usurpación de funciones, denegación de justicia , abuso de poder y coalición de funcionarios; infracciones que están condenadas en el Código Penal de la República.
Sin embargo, aunque el juez aseguró que cuenta con pruebas de todas estas acusaciones, la que más recalcó en su discurso fue el establecimiento de poder absoluto que supuestamente instauró el presidente de la SCJ.
Según Tineo, una vez Molina llegó a la máxima institución judicial, “pensó que tenía el control y poder de todo” y explicó que según las modificaciones que se hicieron a la Ley 28-11, el presidente de la SCJ “no puede controlar el Consejo de manera dictatorial” como presuntamente lo ha estado haciendo Molina.
En ese sentido, el querellante calificó está acción como “inconstitucional” porque, como confirmó, cada consejero participa, propone y puede agendar temas para que sean incluidos y discutidos en el Consejo del Poder Judicial.
La instancia también establece que de “manera extraña”, Molina realizó licitaciones y contrataciones con nuevas empresas, dejando de lado a otras que por años ofertaron servicios al poder judicial.
Dentro de las imputaciones al presidente de la Suprema Corte de Justicia está haber desviado y transferido de manera irregular, los fondos de pensiones de servidores judiciales y de haber manejado cientos de millones de pesos al margen de la Constitución y el reglamento de control interno aprobado por el Consejo del Poder Judicial.
Ismael Hiraldo / El Nuevo Diario
