Un juez del Tribunal Constitucional (TC) denunció que el Consejo del Poder Judicial ha puesto en marcha un proceso de contrarreforma en perjuicio del proceso de modernización de la Jurisdicción Inmobiliaria que está afectando la calificación registral y la seguridad jurídica del registro inmobiliario.
La denuncia la hace Wilson Gómez Ramírez, quien durante un tiempo se desempeñó como director nacional del Registro de Títulos.
“Un ataque abierto al orden constitucional se materializa cuando el Consejo del Poder Judicial, arrogándose funciones legislativas, emite una resolución con la cual procura eliminar instituciones establecidas por ley, como lo es la Administración de Jurisdicción Inmobiliaria, prevista en el artículo 4 de la referida Ley No. 108-05, de Registro Inmobiliario, instituyendo un organismo con características autónomas y reglamentarias, sin que exista, como se evidencia, fundamento legal alguno”, establece el juez del TC en un comunicado.
Aseveró que está en ejecución “una abierta conspiración contra el Sistema Inmobiliario de la República, tipo Torrens, ya maltrecho con la incorporación de la firma electrónica de los Certificados de Títulos, eliminando la firma genuina, auténtica y material de los registradores, responsables de calificar y despachar los expedientes registrales, arriesgando con ello la seguridad jurídica de la República Dominicana, dada la naturaleza singular del referido sistema inmobiliario”.
Sobre Herrera Carbuccia
También el juez del Tribunal Constitucional expresó su solidaridad con los pronunciamientos hechos recientemente por el magistrado Manuel Herrera Carbuccia, primer sustituto del presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien cuestionó con severidad las serias e inexplicables dificultades que confrontan los despachos y procesos de los Tribunales laborales de la República.
También denunció “la arbitrariedad y el ejercicio abusivo de las facultades del Consejo del Poder Judicial y de funcionarios de la Jurisdicción Inmobiliaria, que se han manifestado con descaro, con motivo de la cancelación de varios registradores de títulos que han honrado la función con un ejercicio honesto y recto durante decenas de años, apelando a una supuesta ‘conveniencia institucional’, pese a que, en algunos casos, han ingresado a la carrera administrativa y están bajo el amparo del artículo 145 de la norma suprema”.
