Surún dice la Cámara de Cuentas no tiene facultad para auditar al Colegio de Abogados; tras declararlo en desacato, asegura que la ley establece que la institución estatal puede fiscalizar al gremio, no auditarlo

Tras la resolución de la Cámara de Cuentas que declara en desacato al jurista Miguel Surún Hernández por negarse a una auditoría de su gestión frente al Colegio de Abogados, el Consejo Nacional y la Junta Directiva del gremio calificaron de calumniosa e inconstitucional la declaratoria.

Como en otras ocasiones, mantienen su postura de que el órgano auditor del Estado no tiene potestad para auditar al gremio que agrupa a más de 70,000 abogados del país.

Indicaron que la declaratoria de desacato en contra de Surún Hernández es ilegal porque, según estas entidades, la Cámara de Cuentas solo puede emitir una resolución como esa contra servidores públicos, y el máximo representante de los juristas en el país no lo es.

“Reiteramos al país que el Colegio de Abogados de RD no es una entidad estatal, no maneja patrimonio estatal, no recibe fondos del presupuesto, ni recursos públicos; sus fondos provienen de tasas por concepto de las ventas de los sellos rojos para legalizar documentos, le paga el 10 por ciento al Estado por el cobro de dichas tasas”, expuso Surún Hernández.

Además, sostuvo que, habiendo una Acción en Conflicto de Competencia interpuesta por el gremio ante el Tribunal Constitucional, la Cámara de Cuentas debió de abstenerse de realizar cualquier acción hasta tanto el alto tribunal falle y establezca si puede auditar el gremio.

“Lamento que un órgano constitucional tan importante para la institucionalidad del país como es la Cámara de Cuentas, se haya convertido en un instrumento de persecución, actuando contrario a la Ley y a la Constitución, violando todos los procesos, sumándose a campañas de descrédito en contra de mi persona y del gremio”, dijo para su defensa el gremialista.

Aseguró que tiene su conciencia tranquila y su resistencia no obedece a malos manejos.

“Tengo la conciencia tranquila y les garantizo a los abogados, abogadas y al país que los recursos económicos que ha recibido y recibe el gremio han sido administrados con pulcritud, transparencia y eficiencia. Nuestra ejecución presupuestaria se encuentra publicada en nuestro portal institucional; firmas privadas en coordinación con nuestro fiscal de cuentas realizan auditorías anuales y, lo más importante, que los resultados del trabajo y las obras realizadas por la actual gestión están ahí, a la vista de todos”, expresó.

El jurista adujo que lo único que establece la ley que puede hacer la Cámara de Cuentas en el gremio es fiscalizarlo, no auditarlo. Para él, estos dos términos son distintos.

Citó el artículo 74, de la Ley del Colegio de Abogados, que plantea sobre la Fiscalización y Control de los Fondos, que los fondos provenientes de las contribuciones reguladas por esta ley estarán sujetos a la fiscalización de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, lo que evidencia una vez más que dicha entidad puede fiscalizar y asesorar, pero no auditar, ya que son acciones diferentes.

El abogado aclaró que existen diferencias en los procesos de fiscalización y auditoría. Agregó que la fiscalización consiste en la supervisión, asesoría y acompañamiento, para que el Colegio de Abogados mantengael control, la eficiencia y garantía de un buen manejo de sus recursos, mientras que una auditoría es una inspección o verificación de la contabilidad de una entidad, realizada por un auditor.

“Reiteramos que en el Colegio de Abogados no tenemos ningún problema con ser auditados, fiscalizados, asesorados, acompañados, monitoreados o de desarrollar cualquier otra iniciativa, pero estas acciones deben de ser realizadas por entidades que tengan la facultad legal para hacerlo, no por caprichos, antojos, persecuciones, mandatos políticos u otras razones. Exigimos respeto y que todos actuemos apegados a las leyes y a la Constitución, para que prevalezca la institucionalidad en nuestro país”, puntualizó el gremialista a quien le pareció que las acciones de la Cámara de Cuentas y la Contraloría General obedecen a una persecución en su contra “motivada quizás por sectores políticos interesados”.