Son garitas móviles para realizar labores de vigilancia, construidas en contenedores metálicos habilitados con energía eléctrica
Seis puestos móviles de control serán colocados en la frontera por las autoridades dominicanas con el propósito de “fortalecer las acciones del personal militar para la defensa de la soberanía nacional”, para lo cual realizarán labores de vigilancia.
Los nuevos puestos de vigilancia se colocan en momento en que el vecino país, Haití, vive una de las crisis más profundas que ha tenido, la cual ha provocado una gran inestabilidad, violencia, falta de combustibles y el control de las bandas armadas en algunas zonas, lo que expertos consideran como una amenaza para la seguridad de la República Dominicana.
El Ministerio de Defensa al informar este lunes de la iniciativa dijo que el Estado invertirá en ella 10 millones de pesos y que se agregan a otras 13 que tienen desplegadas en la frontera y la costa marítima sur.
Además de salvaguardar la soberanía nacional, las unidades móviles se encargarán del control de las migraciones, fiscalización del contrabando “y otras responsabilidades de las Fuerzas Armadas en la región fronteriza con Haití”.
Los nuevos puestos de vigilancia para facilitar las actividades de las unidades apostadas en la frontera, se adquirirán con recursos aportados al MIDE por la Dirección General de Proyectos Estratégicos Especiales de la Presidencia de la República (Propeep).
“Esta iniciativa surge de un acuerdo del Mide y Propeep firmado por el teniente general Carlos Luciano Díaz Morfa, ministro de Defensa, y José Cabrera, director de Proyectos Estratégicos Especiales”, refiere una nota de prensa.
Su equipamiento
Las nuevas unidades son garitas móviles para realizar labores de vigilancia, construidas en contenedores metálicos habilitados con energía eléctrica, escritorios, cámaras de vigilancia, área de descanso, lavamanos, inodoros, energía eléctrica solar y otras facilidades para garantizar un ambiente adecuado a los soldados que hacen servicio en ellas.
La iniciativa tendrá la duración de un año a partir de su firma y la aprobación por parte de los organismos de control financiero del Estado.
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