Miles de trabajadores privados y estatales, así como organizaciones universitarias, campesinas y derechos humanos, llevaron a cabo este viernes una huelga general en Chile para repudiar al Gobierno y exigir la renuncia del presidente Sebastián Piñera, quien, a menos de un año de terminar su gestión registra una popularidad de apenas el 9,0 %.
Los reclamos en su contra son múltiples, desde el manejo de la crisis sanitaria que hoy, a pesar de la exitosa de campaña de vacunación del país sudamericano, vive su momento más crítico con toque de queda, restricciones y récord de contagios y muertes, hasta su resistencia al tercer retiro de los fondos de pensiones que aprobó el Congreso, con el fin de que la ciudadanía cuente con recursos para enfrentar la crisis económica provocada por la pandemia.
“Chile vive hoy una profunda crisis política, institucional, económica y social. Crisis expresada también desde los partidos que apoyan al gobierno, por un nefasto e indolente presidente”, señaló el manifiesto publicado por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y que fue firmado por ciento de agrupaciones.
El texto sostiene que Piñera “gobierna para unos pocos privilegiados que se hacen cada vez más ricos y que se niegan a pagar impuestos a sus riquezas y a una verdadera reforma tributaria progresiva”, mientras que la gran mayoría de los chilenos permanecen “endeudados y sin soluciones integrales en el ámbito económico y social”.
De igual manera, lamenta que las y los trabajadores paguen la crisis de la pandemia al tener que recurrir a ahorros que estaban destinados a su jubilación, por lo que consideran urgente una renta básica de emergencia. En ese sentido, destacan: “No somos sujetos de caridad, somos sujetos de derechos… este gobierno ilegítimo está desconectado de las necesidades y de los problemas de la ciudadanía“.
En su manifiesto, la CUT también solicitó la aplicación de políticas con enfoque de género, respuestas efectivas al aumento de la violencia intrafamiliar, protección económica a cuidadoras y reposición de las atenciones de salud reproductiva y sexual.
“Exigimos el término de la recarga laboral y maltrato a las y los trabajadores de la educación y recursos para la salud pública con que enfrentar la pandemia y atender las necesidades de las y los funcionarios, la primera línea en la atención de la pandemia”, agregan.
La Central sindical denunció que el Gobierno estaría intentando activar leyes para restarle soberanía a la Convención Constituyente, que será elegida en las elecciones del 15 y 16 de mayo. “Solo el poder constituyente tiene la legitimidad para pronunciarse sobre las materias y leyes que regirán nuestro destino”, advierten en el texto. Además, recalcan que las y los trabajadores no aceptarán que durante estos meses el Congreso legisle sobre salud, pensiones o educación.
Del mismo modo, alertan sobre la “permanente y sistemática violación de los derechos humanos expresada en la militarización de la Araucanía, la persecución y criminalización a las protestas debe terminar”, por lo que también exigen la libertad de las y los presos políticos del estallido social de 2019, así como el fin de la represión y el toque de queda.
“Exigimos una vida digna. Producimos la riqueza de este país y queremos que nos devuelvan lo que es nuestro; la soberanía sobre nuestros bienes y sobre nuestras vidas. Exigimos la renuncia de Piñera”, reza el escrito.
La huelga profundiza la crisis del Gobierno en una semana en el que las encuestas ratificaron que la popularidad de Piñera apenas llega al 9,0 %, uno de los registros más bajos desde que asumió el poder, en marzo del 2018. “El presidente de un dígito”, ya lo han llamado en redes sociales.
Además, esta semana fue denunciado en la Corte Penal Internacional de La Haya por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la represión que hubo en octubre de 2019, cuando miles de chilenos salieron a protestar a las calles contra la inequidad que padece el país. Organismos nacionales e internacionales ya certificaron que las fuerzas de Seguridad cometieron tortura, muertes ilícitas, malos tratos, violencia sexual y detenciones arbitrarias.
La acusación está firmada por la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CHDH), la Asociación Americana de Juristas (AAJ) y el Centro di Ricerca ed Elaborazione per la Democrazia (CRED), con el apoyo de la Fundación Internacional Baltasar Garzón (Fibgar).
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