Prisión preventiva para 8 de los 10 implicados en Operación Búfalo NK

El juez Rigoberto Sena también impuso impedimento de salida, garantía económica y presentación periódica a dos imputadas que admitieron los hechos

El juez del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso un año de prisión preventiva a ocho de los acusados de formar parte de una poderosa red de narcotráfico internacional, sicariato, cobro compulsivo y lavado de activos, a quienes se le incautó aproximadamente dos toneladas de cocaína procedente desde Colombia y Venezuela.

El magistrado Rigoberto Rosario dispuso que el principal implicado Rafael Ynoa Santana (El Cojo, Pocho, El Don), quien admitió su culpabilidad, cumpla la medida impuesta en la cárcel de La Romana, al tiempo que declaró el caso complejo.

El tribunal también dispuso el envió a la cárcel de Najayo-Hombres, a Isidoro Rotestan Clase (El Men), identificado como uno de sus socios, Juan Bolívar Hernández, Juan Antonio Toribio, Juan Henríquez Tavarez, Seriano Núñez Pichardo Robert Nicolás Aosta Adames y Cristian Esteban Alcántara Javier.

Asimismo, el tribunal impuso a Germania Mercedes Natalia Román, pareja sentimental de Ynoa Santa y Maritza Flete Santana (Karilia), garantía económica de un millón de pesos, impedimento de salida y presentación periódica.

La procuradora de la Corte de Apelación Sourelly Jáquez Vialet, quien acudió al tribunal en compañía de los fiscales Andrés Mena y Emmanuel Ramírez Sánchez, dijo que el tribunal tomó la decisión, tras acoger el pedimento del ministerio público.

Sostuvo que el juez para tomar su decisión calificó la gravedad de los hechos, por tratarse de tráfico internacional de drogas y que las pruebas eran bastante contundentes con relación al rol de cada uno de los imputados en la organización criminal.

Los fiscales sostienen que es indiscutible, que el presente caso tiene todas las características de un caso del crimen organizado, ya que se trata de una investigación por la comisión de diversos delitos, materializado a través de un entramado criminal, dirigido a cometer crímenes como el lavado de activos y la asociación de malhechores.

Sostienen que la pluralidad de los hechos imputados, la pluralidad de hechos cometidos, la cantidad de investigados y víctimas del proceso, así como la posible pena a imponer en juicio de fondo, la cual puede ser hasta 20 años de prisión y que se hace necesario que el presente caso sea declarado complejo con todas sus consecuencias.

El grupo fue arrestado durante operativo simultáneo desplegado por aire, mar y tierra, en las provincias Santo Domingo, Puerto Plata, María Trinidad Sánchez, La Romana y Samaná, por miembros del ministerio público, de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), con el apoyo del Ministerio de Defensa, Organismos de Inteligencia del Estado, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) y el Comando Sur de Estados Unidos de Norteamérica.

De acuerdo con la solicitud de medida de coerción los imputados de la red habrían movilizado otros grandes cargamentos de drogas desde Suramérica (República de Colombia y República Bolivariana de Venezuela) hacia Puerto Rico, Estados Unidos y Europa vía República Dominicana, a través de lanchas rápidas y barcos pesqueros.

Sostiene que una vez las sustancias ingresaban al territorio dominicano y al suelo puertorriqueño, se realizaban las logísticas para enviarlas hacia Estados Unidos y Europa, en donde, en ocasiones, se triplicaba el valor de estas, generando ganancias ilícitas exorbitantes para los miembros de la estructura.