Prisión preventiva en contra de un ciudadano ruso vinculado a estafa millonaria con cannabis

El tribunal también fijó para el 12 de mayo a las 11 de la mañana el conocimiento de la solicitud de extradición en su contra.

La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, dispuso prisión preventiva en contra de un ciudadano ruso principal investigado de una organización dirigida por rusos que habría estafado 645 millones de euros con inversiones falsas en plantas de cannabis de uso medicinal.

El tribunal presidido por Francisco Jerez Mena, e integrado por Nancy Salcedo, y Fran Soto, dispuso que Sergei Berezin y/o Paul Bergholts, cumpla la medida en el referido centro penitenciario, sin establecer el tiempo.

Asimismo, el tribunal fijó para el 12 de mayo el conocimiento de la solicitud de extradición presentada por el Departamento de Cooperación Internacional y Extradiciones de la Procuraduría General de la República, que dirige el magistrado Andrés Chalas.

En la audiencia los abogados Pedro Balbuena y Laura Rodríguez, habían pedido al tribunal rechazar la solicitud de prisión preventiva, alegando que no contaban con órdenes de allanamiento.

Sergei Berezin, fue arrestado mediante allanamiento en un complejo turístico en Bayahibe, en la provincia de La Altagracia.

En la operación han participado fuerzas de seguridad españolas, dominicanas, alemanas, francesas, estadounidenses y británicas, con la colaboración de EUROPOL y EUROJUST, informó la Policía española en un comunicado.

Los acusados de pertenecer a esta organización criminal, que actuaba en 35 países, fueron arrestados en España (2), Alemania (2), Reino Unido, Letonia, Polonia, Italia, además de la República Dominicana.

ESTAFA PIRAMIDAL

El modelo de negocio consistía en utilizar el capital transferido de los inversores a los socios cultivadores para financiar la cría de plantas de cannabis; una vez hecha la cosecha, se vendería el producto y la plataforma recibiría una parte del beneficio que, posteriormente, devolvería al inversor.

Con este sistema se prometía a las víctimas beneficios de entre el 70% y el 168% al año, según la especie de cannabis.

Además, para facilitar la captación de clientes y ofrecerles confianza, la plataforma contaba con oficinas físicas de información al inversor en ciudades de Europa (Valencia, Berlin, Zúrich, Ámsterdam y Lisboa).

Sin embargo, los agentes españoles comprobaron que los fondos captados no se reinvertían totalmente en cannabis medicinal, sino que parte se destina a pagos parciales a las víctimas, otra porción al marketing y una gran parte al enriquecimiento de los investigados.

La mayor parte del dinero de los inversores se ocultaba con un complejo entramado de cuentas bancarias, sociedades pantalla y testaferros de Europa del Este.