La magistrada Miriam Germán Brito aseguró este martes que la Procuraduría General de la República examina y realiza los estudios contables de las declaraciones juradas de bienes presentadas al Ministerio Público por la Cámara de Cuentas.
Explicó que entre los temas que trajo a la Procuraduría General el presidente de la CC, Hugo Francisco Álvarez Pérez, figura el de las dificultades que puso a ese órgano el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) para la auditoría a los fondos públicos que recibió a través de la Junta Central Electoral (JCE) en los años 2012 y 2016.
La procuradora comunicó que la Pepca y la Dirección de Persecución requirieron la comparecencia del presidente interino del PLD, Juan Temístocles Montás Domínguez, así como la del contralor de la organización, Francisco Liranzo, y el gerente financiero, Audilio Vargas.
Dijo, además, que el presidente de la Cámara de Cuentas también depositó en la Procuraduría General declaraciones juradas de bienes de funcionarios o exfuncionarios y aportó una lista con los denominados “omisos” que incumplen con la Ley 311-14 sobre Declaraciones Juradas de Patrimonio de los Funcionarios y Servidores Públicos, del 8 de agosto de 2014.
“Se está investigando un gran número de denuncias sobre algunos departamentos del Estado, también sobre declaraciones juradas que fueron traídas por la Cámara de Cuentas, entre ellas a funcionarios que no hicieron declaraciones juradas en el tiempo establecido por la Ley”, dijo Germán Brito en su rueda de prensa de este martes.
“Las declaraciones juradas serán investigadas todas y el que tenga un incremento diferente se pudiera someter a la Justicia, si no tiene justificación para ese incremento de su fortuna, porque podemos deducir que hay un enriquecimiento ilícito”, planteó.
Sostuvo que un mes y medio jamás resultará un tiempo excesivo para un proceso de investigación de una denuncia o una querella en la que, como en algunos casos, existen “muchas cuestiones a ser examinadas por peritos forenses” y, además, se debe pedir información a entidades del área financiera.
“Es que si uno hace un expediente y lo conduce de manera atropellante y con una rapidez desesperada, la más probable es que le salga flojo el caso y que en un juicio al fondo no se sostenga”, sostuvo Germán Brito.
“Por ejemplo, para la condición de instrucción basta que un hecho sea probable y que la persona investigada sea el probable autor de eso, pero para un juicio no es así, para un juicio a fondo debe probarse fuera de toda duda razonable”, dijo la procuradora general.
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