El Ministerio Público presentó este martes formalmente la Operación Medusa en contra de un grupo de exfuncionarios de la Procuraduría General de la República (PGR), por los cargos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, robo de identidad, delitos electrónicos y lavado de activos.
Jean Alain Rodríguez, exprocurador general de la República, es acusado de falsificar un cheque de 34 millones de pesos para la renovación de un inmueble incautado bajo la Ley de Lavados de Activos, la aprobación de pagos de contratos fantasmas por la suma aproximada de 20 millones de pesos, además de ser el cabecilla del grupo de estafadores al Estado.
Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector del departamento de contabilidad de la PGR, quien cobraba 115 mil pesos, señalado por el Ministerio Público de estar involucrado en procesos fraudulentos e irregularidades en los procedimientos de compras y contrataciones del organismo en el periodo 2016-2020, incluyendo el Plan de Humanización del Sistema Penitenciario Nacional.
Marte es señalado como el responsable de calcular y recoger cantidades indeterminadas de efectivo que eran llevadas en bultos a su oficina y luego entregados al señor Jhonnathan Joel Rodríguez Imbert.
Miguel José Moya, exasesor de comunicaciones de la Procuraduría General de la República, acusado por el Ministerio Público por incumplimiento de contrato por un monto de 20 millones de pesos por servicios de capacitación al personal de la PGR contratados y no prestados.
Altagracia Guillen Calzado, ex subdirectora administrativa del PGR, quien devengaba un salario de 85 mil pesos, a quien se le acusa de utilizar en beneficio propio de un material de construcción comprado por la PGR con el que realizó arreglos a su vivienda.
Alfredo Alexander Solano Augusto, subdirector financiero de la PGR, quien ganaba 175 mil pesos, es señalado como otro de los beneficiados con contratos, en su caso para la construcción de pozos sépticos en el marco del desarrollo del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario.
Rafael Stefano Canó Sacco, exjefe de Gabinete de la Procuraduría General de la República, quien cobraba 200 mil pesos mensuales y dirigía el movimiento político Renovación, agrupación político-partidista cuya conformación se le atribuya a Jean Alain Rodríguez cuando dirigía el Centro de Exportación e Importación de la República Dominicana (CEI-RD) y que para las elecciones del 2020 hizo campaña a favor del Partido de la Liberación Dominicana.
Además, a Canó se le atribuye la decisión y distribución de los beneficios a los demás miembros del grupo.
Javier Alejandro Forteza Ibarra, exdirector de tecnología de la PGR, con un salario de 185 mil pesos, a quien entre otros cargos, se le acusa de haber eliminado información vital de los servidores de la institución y emitir certificaciones de entradas de almacén falsas para justificar entradas de equipos y mercancías a la institución.
Jhonnathan Joel Rodríguez Imbert, ex encargado de almacén, quien figura como uno de los beneficiados con un contrato de compra de uniformes para el Plan de Humanización del Sistema Penitenciario y según el Ministerio Público propició la creación de facturas irreales para ser pagadas por la institución de productos que no llegaban o llegaban incompletos.
Jhonnatan Loanders Medina Reyes, quien es señalado como ex encargado de compras y contrataciones, pero que tampoco se ubica en la nomina de empleados fijos del 2019 de la PGR, es señalado por el Ministerio Público de ser beneficiado con la construcción de pozos sépticos al igual que Alfredo Alexander Solano Augusto.
Jhenny Marte Peña, encargada de proyectos del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario, adscrita al despacho del Procurador General, con un sueldo de 145 mil pesos, y quien recibió beneficios por parte de la construcción según el Ministerio Público.
Rainiery Elizabeth Medina Sánchez, quien también figura como ex encargada de almacén y sí figura en la nomina fija de empleados de la PGR, a diferencia de Rodríguez Imbert, y con un salario de 52,500 pesos, es señalada como cómplice de las alteraciones realizadas con las facturas ficticias en el almacén de la PGR, además de ser señalada como testigo por el Ministerio Público.
Los otros ocho imputados, entre otros cargos, son señalados de hacer uso del dinero del Estado para beneficio propio.
