La fiscal Mirna Ortiz, junto a un personal del Ministerio Público, depositó la tarde de este lunes el expediente acusatorio en contra del General Adán Cáceres y sus supuestos testaferros.
Al solicitar un año de prisión preventiva como medida cautelar y que el caso sea declarado complejo, la fiscal Ortiz reveló que el Ministerio Público no descarta la posibilidad de que hayan otros apresados en la Operación Coral porque, como reiteró, esta es la primera fase de las indagaciones e imputaciones.
“No dudamos que en el transcurso de las investigaciones, que ahora es que comienzan, estén más personas implicadas y se irán sometiendo según vayamos encontrando más elementos”, prometió Ortiz.
Asimismo, la fiscal expresó que en esta fase de la investigación no puede detallar los montos de los bienes allanados porque, como explicó, aún se están desmenuzando los bienes para puntualizar cifras más exactas.
“Tenemos cuantiosos bienes que fueron adquiridos con fondos del erario público, fondos que debieron estar en las manos del Gobierno y que todos pagamos con nuestros impuestos”, arremetió Ortiz y agregó que durante los allanamientos del pasado sábado, los fiscales entraron en empresas, villas, casas y otras propiedades.
Asimismo, indicó que las imputaciones no sólo pesan en contra de personas físicas, sino también de personas jurídicas porque “las empresas son el vehículo que se utiliza para esconder dinero”.
En consecuencia, se espera que la Oficina instructiva designe un juez para conocer las medidas cautelares y fijar un día para dictaminar las disposiciones de coerción.
Cáceres, junto a la pastora Rossy Guzmán, su hijo Tanner Flete, Rafael Núñez De Aza, Raúl Alejandro Girón y Eric Pereira están acusados de encabezar una supuesta red de corrupción que manejó ilícitamente miles de millones de pesos durante la gestión del expresidente Danilo Medina.
Según el documento acusatorio del Ministerio Público, Cáceres manejó más de RD$3 mil millones en los ocho años de Gobierno del expresidente Danilo Medina, fondos que presuntamente fueron ocultados con prestanombres ya que fueron obtenidos medianos acciones alegadamente irregulares.
En uno de los puntos de la acusación se especifica que el jefe de seguridad de Danilo supuestamente ocultó bienes productos del enriquecimiento ilícito, además de que presuntamente falseó sus declaraciones juradas de bienes.
En tanto que, como detalla la acusación de los procuradores, la pastora Guzmán utilizaba empresas y personas de su círculo, como su hijo Flete Guzmán, De Aza, Girón y Pereyra, y así supuestamente ocultar los bienes muebles e inmuebles que el general no puede justificar.
Es por esto que las autoridades señalan directamente a la pastora y a su hijo como “prestanombres” y administradores de la mayoría de los bienes adquiridos por el general Cáceres.
