MICM anuncia proceso sancionador contra la empresa COOPEGAS

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) reitera su solidaridad con las familias afectadas por la tragedia ocurrida en la estación de expendio COOPEGAS La Económica Tamboril.

Desde el momento del siniestro, pusimos en marcha una investigación exhaustiva para identificar las circunstancias que derivaron en esta lamentable situación, deviniendo en el cierre de la referida estación.

No obstante la vigencia del registro de operación que tenía la estación objeto de la explosión, el MICM inició un proceso sancionador contra COOPEGAS, en virtud de la ley que reorganiza el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes No.37-17 y la ley sobre la Erradicación del Comercio Ilícito, Contrabando y Falsificación de Productos Regulados No.17-19.

Como Ministerio, estaremos comunicando oportunamente las decisiones tomadas sobre este proceso sancionador.

Adicionalmente, como parte de la investigación integral realizada por el MICM a COOPEGAS, se identificaron irregularidades en tres estaciones de esta empresa ubicadas en Valverde, Montecristi y La Victoria, las cuales fueron clausuradas en fecha 9 de octubre.

En los primeros 60 días de gestión, la Dirección de Supervisión y Control de Estaciones de Expendio (DSCEE) del MICM ha inspeccionado más de trescientas (300) estaciones a nivel nacional, lo cual ha derivado la clausura de cincuenta y un (51) estaciones o proyectos en construcción en los que se han identificado irregularidades.

Asimismo, la consultoría solicitada al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a finales del mes de agosto de este año, referida al proceso de permisología de todas las estaciones de expendio de combustible en el territorio nacional, deberá concluir en los primeros 100 días de esta gestión, permitiendo así al MICM incorporar parámetros de eficiencia y mejora en los protocolos de seguridad a implementar.

Reafirmamos nuestra responsabilidad de garantizar la seguridad en el mercado de los combustibles mediante la permanente y rigurosa evaluación del cumplimiento de las disposiciones vigentes por parte de los actores intervinientes.