La querella de Amazon y Netflix convierte este proceso en un caso sin precedentes en la justicia dominicana
Las plataformas de entretenimiento Amazon y Netflix presentaron querellas formales en República Dominicana contra los imputados de una red de piratería digital desmantelada bajo la denominada Operación Domo.
Así lo informó la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, quien calificó a ambas compañías como “inusuales querellantes” en el país.
La acusación se produce luego de que los prófugos Leony Esmeralda Croes y Raúl Ernesto Guzmán Croes se entregaran a las autoridades, sumándose a los también señalados en el caso Leonardo Alberto Casci Ocumárez, Raúl Ernesto Guzmán Lora, Keomirys Torres López y Víctor Luis Torres López. A todos ellos se les conocerá medida de coerción el jueves 25 de septiembre.
De acuerdo con el Ministerio Público, la organización operaba mediante un esquema que permitía la comercialización ilegal de accesos a más de 1,400 canales de televisión y 14,000 películas y series, incluidos contenidos exclusivos de Netflix, Disney+ y Amazon Prime Video.
El modus operandi consistía en descifrar y compartir claves de acceso a servicios de streaming, que luego eran revendidas como suscripciones ilícitas.
Las transacciones se efectuaban mediante pagos en bitcoin y transferencias a cuentas bancarias nacionales e internacionales, lo que habría permitido a la red movilizar millones de pesos.
Según la fiscal Ramos, el grupo estaba conformado en su mayoría por personas jóvenes, con vínculos de parentesco entre varios de los acusados.
Los clientes adquirían planes anuales y realizaban pagos que, dependiendo del servicio, garantizaban acceso continuo a catálogos completos de las principales plataformas globales.
La fiscal agregó que, como parte del proceso, el Ministerio Público enfrenta un reto adicional: determinar qué hacer con las criptomonedas incautadas, dado que en República Dominicana solo el peso tiene estatus de moneda regulada.
La querella de Amazon y Netflix convierte este proceso en un caso sin precedentes en la justicia dominicana, al tratarse de empresas de alcance global que se constituyen parte civil en un proceso penal local.
Las autoridades aseguran que se trata de una oportunidad para fortalecer la persecución contra delitos de piratería digital, un sector donde la tecnología avanza más rápido que la regulación.
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