El tamaño de la crisis sanitaria por el COVID-19 en las cuentas fiscales ha sido enorme. Las compras públicas de emergencia para atender la situación han ascendido, hasta los momentos, a 3,856.3 millones de pesos.
Se trata de una cantidad que representa un 0.36 % del total del Presupuesto General del Estado aprobado para todo este año. Para tener una idea de la magnitud: lo que se ha comprado en apenas cuatro meses equivale al dinero que un ministerio mediano —como el de Economía, Planificación y Desarrollo, por ejemplo— debió gastar en todo este año.
La mayor parte del dinero —un tercio— ha sido destinado a la adquisición de trajes de protección personal (overoles), en los que se han gastado 1,521 millones de pesos en 936,825 trajes, de acuerdo al informe publicado por la Dirección General de Contrataciones Públicas.
Las mascarillas, tanto quirúrgicas como N-95, se han llevado el otro gran pedazo de las compras públicas de emergencia: 1,147 millones de pesos en 23.75 millones de mascarillas.
Más equipos que pruebas
Mucho menos se ha gastado en las pruebas para detectar el COVID-19, que no representan ni la cuarta parte de lo comprado en procesos de emergencia.
La escasez de pruebas para confirmar o descartar el contagio del nuevo coronavirus ha sido un problema que se ha profundizado en las últimas semanas. Las citas en algunos laboratorios pueden demorar hasta tres semanas.
Desde que se inició la crisis sanitaria en marzo pasado el Estado dominicano ha adquirido 609 millones de pesos en pruebas, de las cuales 448 millones de pesos fueron por la compra de 205,010 PCR y otros 161 millones de pesos para adquirir 250,000 test rápidos.
Los datos del informe de la Dirección General de Contrataciones Públicas, publicado este mes, revelan que desde abril pasado no se han adquirido más pruebas PCR a través de procesos de compras públicas de emergencia, mientras que en junio se realizó una adquisición de pruebas rápidas de detección de COVID-19.Por encima del umbral
Uno de los aspectos analizados por la Dirección General de Contrataciones Públicas fueron los precios de referencia de los equipos y pruebas en los mercados internacionales, como una vía para determinar si hubo sobreprecio.
El reporte revela que en la mayoría de los procesos de emergencia de compras públicas por el COVID-19 no se registraron precios por encima de las cotizaciones en el extranjero. No obstante, hubo dos excepciones: la compra de 5,000 mascarillas N-95 por parte del Plan de Asistencia Social de la Presidencia, cuyo precio promedio, de 531.93 pesos por unidad, superó los niveles internacionales y resultó casi dos veces más cara que el precio por otros entes gubernamentales.
La otra excepción fueron los lentes de protección. Los precios pagados en procesos de emergencia realizados en marzo pasado por parte del Servicio Nacional de Salud y del Programa de Medicamentos Esenciales estuvieron muy por encima del umbral internacional. En ese caso, la Dirección General de Contrataciones Públicas detalla que el precio máximo en los mercados foráneos fue de 741 pesos por unidad, pero el SNS compró a 1,800 pesos la unidad de lentes de protección, mientras que el Programa de Medicamentos Esenciales adquirió a 1,375 pesos cada uno.Buscar referencias
Una de las recomendaciones que hizo la Dirección General de Contrataciones Públicas en el informe fue que las instituciones utilicen el Sistema de Precios “para conocer a priori los precios de adquisición de los productos en ciertas instituciones y así tener una referencia del mercado público de esos productos”, dice el informe.
