Los hermanos Espaillat tendrán el miércoles el conocimiento de las medidas de coerción para continuar recolectando las denuncias y leyendo las acusaciones del Ministerio Público
La procuradora general Yeni Berenice Reynoso justificó este lunes la solicitud del Ministerio Público de 18 meses de prisión preventiva contra el empresario Antonio Espaillat, a quien el órgano acusa de homicidio involuntario por el derrumbe del techo de la discoteca Jet Set.
En su pedido de medidas de coerción, los fiscales piden a los tribunales que Antonio Espaillat esté bajo prisión preventiva por 18 meses y que su hermana, Maribel Espaillat, cumpla arresto domiciliario. La solicitud incluye la declaratoria del caso como complejo.
Al ser cuestionada sobre el supuesto exceso del Ministerio Público para pedir 18 meses de prisión preventiva, Reynoso reiteró que la Procuraduría tiene una visión enfocada para intentar resarcir a los ciudadanos con los hechos que tienen una alta lesividad social.
Tras salir de la rendición de cuentas del Defensor del Pueblo en el Senado, comentó que “la sociedad merece” que el Ministerio Público persiga los casos como el del Jet Set que, como reiteró, tienen un alto impacto social.
“Si ustedes ven toda nuestra trayectoria, en este caso no hemos sido distintos”, enfatizó la procuradora al referirse a otros casos sonados de supuesta corrupción, donde el Ministerio Público siempre ha solicitado prisión preventiva para garantizar la investigación.
El caso del Jet Set, por el que fueron arrestados los hermanos Espaillat, tendrá el miércoles el conocimiento de las medidas de coerción para continuar recolectando las denuncias y leyendo las acusaciones del Ministerio Público.
Los fiscales, en su expediente de medidas de coerción, alegan que el derrumbe en el Jet Set, que dejó 236 muertos, fue causado por la “negligencia e irresponsabilidad” de los propietarios de la discoteca.
Aunque el Ministerio Público cuenta con otros métodos para avanzar con la investigación, como el arresto domiciliario, el impedimento de salida, la garantía económica o la presentación periódica, decidió solicitar la prisión preventiva por la gravedad del caso, amparado en el Código Procesal Penal.
En el mismo evento, la procuradora se refirió otra vez a la aprobación de un nuevo Código Penal alegando que la pieza actual tiene alrededor de 141 años de vigencia mientras los delitos “siguen cambiando”, por lo que reiteró su pedido al Congreso para que apruebe una nueva legislación.
Sin embargo, la procuradora sostuvo que la instrucción que tienen los fiscales dominicanos es “trabajar con lo que tenemos, pero sin dejar de reclamar lo que necesitamos”.
El proyecto de Código Penal actualmente se estudia en una comisión bicameral donde se analizan siete proyectos similares. El liderazgo congresual impulsa la aprobación de la pieza en esta legislatura, que está prevista para concluir el 26 de julio.
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