La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, garantizó este martes que se tomarán todas las previsiones para presentar una “acusación sólida” contra los procesados por la muerte de la pareja baleada por una patrulla policial en Villa Altagracia, el 30 de marzo.
Germán Brito habló durante un encuentro por más de una hora con Fátima Sánchez Guzmán, fiscal titular de Villa Altagracia y quien encabeza el equipo que investiga y litiga el proceso.
De acuerdo con un comunicado de prensa, Germán Brito coordinó con Sánchez Guzmán las diligencias que desarrolla el Ministerio Público para que sean “debidamente procesados” todos los involucrados en la muerte de Eliza Muñoz Brito, de 32 años, y de Joel Eusebio Díaz Ferrer, de 35 años.
La procuradora general se hizo acompañar de la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, quien desde la Dirección General de Persecución del Ministerio Público “fortalece el equipo de fiscales que lleva a cabo la investigación”.
“Nosotros tenemos un compromiso ante la sociedad dominicana de esclarecer este hecho. Ponderamos el trabajo que realizan nuestros fiscales en este caso. Debemos seguir adelante y solo mirar el pasado como un mal referente para asumir que los procesos penales en los que se hace un uso desmedido de la fuerza policial tengan consecuencias jurídicas”, dijo Germán Brito, luego de la reunión.
El Ministerio Público imputa, hasta el momento, de la muerte de la pareja a Victorino Reyes Navarro (segundo teniente), Domingo Perdomo Reyes (sargento), Norquis Rodríguez Jiménez (cabo), Ángel de Los Santos (cabo), Antony Castro Pérez (raso) y Juan Samuel Ogando Solís (raso).
Además de la muerte de Muñoz Marte y Díaz Ferrer, quienes retornaban a la capital después de participar en unos servicios religiosos de su congregación, a la patrulla policial se le imputa el provocarle heridas a Claudio Alberto Ramírez Lamais, de 29 años de edad. Los tres se desplazaban junto a Carlos José Pérez Báez, quien resultó ileso, en un carro Kia, modelo K5, blanco, por la autopista Duarte.
A solicitud del Ministerio Público, la jueza Sudelgi Rosario Mena impuso un año de prisión preventiva a los imputados y declaró el caso como complejo.
El Ministerio Público acusa a los imputados de violar los artículos 295, 296, 297, 298, 304, 265, 266 y 184 del Código Penal Dominicano, y el 66 de la Ley 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
También, de violación a los artículos 2, 295, 296, 297, 298, 304, 265, 266 y 184 del Código Penal Dominicano, y el artículo 66 de la Ley 631-16, en perjuicio de Ramírez Lamais y Carlos José Pérez Báez, ambos sobrevivientes al hecho criminal.
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