La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, dispuso “la destitución inmediata” alcaide de la Penitenciaría Nacional de La Victoria

La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, dispuso “la destitución inmediata” del alcaide de la Penitenciaría Nacional de La Victoria, así como la remoción de su personal administrativo y de la dotación policial que lo tiene bajo custodia.

Germán Brito dispuso, además, que las autoridades de la Dirección General de Prisiones, recién designadas, “intervengan y asuman el control directo de dicho recinto, a partir de la fecha de hoy”.

Además de disponer de estas medidas, la titular del Ministerio Público convocó a su despacho al director de la Policía Nacional, mayor general Edward Sánchez González, con quien abordó la remoción de toda la dotación policial y la asignación de los nuevos efectivos para aplicar correctivos de inmediato respecto a la custodia de La Victoria.

Esto ocurre luego de que a primeras horas de la mañana de este miércoles se observara la presencia de una gran cantidad de militares en esa penitenciaria.

La procuradora Germán Brito explicó que las disposiciones “buscan viabilizar la administración del penal mientras se desarrollan los procesos administrativos y técnicos que, en el futuro, llevarán a que los internos sean regidos bajo el sistema del Nuevo Modelo Penitenciario”.

Indica que su gestión se enfoca en corregir irregularidades y anomalías registradas en la penitenciaría, evitar la ocurrencia de hechos que perjudiquen su desenvolvimiento, detener posibles violaciones a los derechos humanos de los privados de libertad y prevenir la planificación de acciones delictivas que amenacen la seguridad de la ciudadanía.

La Penitenciaría Nacional de la Victoria alberga a 7,220 internos, equivalente al 27.4 % de los privados de libertad del país. El 61.6 % (4,448) se encuentra en prisión preventiva y el 38.4 % (2,772) cumple condenas.

Ayer el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Manuel María Mercedes, visitó al nuevo director general de prisiones para “denunciar con nombres y apellidos” a miembros de las autoridades penitenciarias que supuestamente mantienen una mafia en las cárceles del viejo modelo carcelario.

Manuel María Mercedes justificó que su interés es que el nuevo incumbente de Prisiones, Roberto Hernández Basilio, investigue para que sean destituidos los alcaides, pues según la denuncia, estos son los principales beneficiarios de las irregularidades que ocurren dentro de las cárceles y permiten que se cometan crímenes desde las penitenciarias.