La procuradora fiscal del Distrito Nacional mostró su preocupación por el auge que han alcanzado en el país los delitos de alta tecnología, los cuales generan más recursos que el narcotráfico, con el agravante de que existe mucha impunidad con ese ilícito penal.
Dijo que conforme se ha incrementado el uso de la tecnología por las actividades virtuales que han sustituido a las presenciales como consecuencias de la pandemia del Covid, ese delito ha crecido bastante.
“Cuando comencé a investigar me horrorice al ver las cantidades de dinero que mueve ese delito, ya de manera general, porque cuando a ti te hablan del narcotráfico tu te asusta, igual que cuando se habla de homicidio, pero el delito de alta tecnología suena interesante y hasta inteligente, pero tiene mucho dinero, mucho más que el narcotráfico”, explicó la fiscal del Distrito durante una entrevista en el programa D Agenda.
Ramos puntualizó que es un delito que tiene altos niveles de impunidad, lo que incentiva a los delincuentes que se dedican a esa práctica a extender sus fechorías.
“peor aún, la tasa de judicialización es casi nula, es decir, es exorbitante lo que estamos hablando, porque estoy ganando dinero, y no me están procesando”, lamentó.
Sostuvo que la fiscalía que dirige no está procesando esos delitos porque no cuenta con los elementos de pruebas suficientes, entre ellos está la misma víctima.
“Porque la víctima, luego de que pasó por ese mal momento, no quiere pasar por la fiscalía, cuando se trata de extorsión, es decir cuando tienen fotos íntimas, las personas no quieren judicializar por no ver sus fotos en un tribunal”, detalló.
La funcionaria del Ministerio Público dijo que a pesar de que la ley protege a la víctima, y que se puede ir a un juicio a puerta cerrada donde solo estará el juez y las partes, las personas no quieren correr ese riesgo.
“Porque una foto, donde tú has caído en el desliz de mandar una foto de una parte íntima, ya lo que tu quieres es borrar eso, pagar la extorsión, y olvidar el caso”, sostuvo la fiscal.
Insistió en que la fiscalía está muy preocupada, porque si bien es cierto que no se puede obligar a la ciudadanía a denunciar, sin embargo, el no hacerlo da complicidad y permiso a esos delincuentes para que lo sigan haciendo y se continúan lucrando sin haber ningún nivel de consecuencias.
Precisó que el deber del Ministerio Público es que el ciudadano tenga la mayor cantidad de información para que pueda tomar decisiones, y está en la obligación de mantener el secreto de la víctima cuando se trata de extorsión por un tema de imagen íntima.
La magistrada advirtió que la institución que dirige va a ser drástica con aquellos ciudadanos y propietarios de centros de diversión, que violen las disposiciones del Poder Ejecutivo que busca frenar el incremento del coronavirus en esta demarcación.
Explicó que en esta ocasión no va a ver conciliación y por tal razón se solicitará la mayor sanción a los tribunales competentes.
Ramos recordó que la fiscalía solicitaba multas hasta de 2,500 pesos por la violación al toque de queda, y conciliaba con las personas que incurrían en esa falta, siempre y cuando daban algunas explicaciones entendibles.
la representante del Ministerio Público insistió que deben respetarse el decreto presidencial y las medidas dispuestas por las autoridades sanitarias porque lo que está en juego es la salud y la vida de la población.
Dijo que cuando se trata de algo que no tiene media tinta, la fiscalía que dirige tampoco puede tenerla.
“Entonces, considerando que estamos en medio de una pandemia que se habla incluso de que hay lugares donde no hay disponibilidades de camas, no podemos permitir que personas desaprensivas anden en las calles en el horario del toque de queda sin tener ningún tipo de justificación”, sentenció.
Dijo que, si se trata de que alguien tiene una urgencia médica, o debe acudir a una farmacia adquirir un medicamento para un familiar que lo necesite, son circunstancias que las autoridades entienden.
“Pero el problema es que no son las excepciones las que están primando, lo que está primando en este momento es la diversión, entonces cómo usted pone entre la salud y la diversión, divertirse”, deploró la fiscal.
Dijo que la situación de la pandemia ha llegado a un grado tal, que anteriormente niños y adolescentes que se infectaban no sentían ningún síntoma, pero ahora hay muchos infantes con coronavirus en unidades de cuidados intensivos.
La Fiscalía del Distrito Nacional va ser drástica, drásticas en todos los aspectos de que se dé cumplimiento a la disposición del Ejecutivo, y vamos a estar al frente para que esto ocurra, y la ley de Salud nos faculta, nosotros cuando conciliamos solicitamos multas entre dos mil y 2,500 pesos, ahora no vamos a conciliar, vamos a someter ante los juzgados, y a solicitar las multas máximas”, enfatizó la magistrada Ramos.
Argumentó que estamos en una situación de cuidados, donde el gobierno está poniendo a disposición de toda la población las vacunas, ayudas con mascarillas, pruebas para detectar el Covid, entonces los ciudadanos no solo tienen derechos, tienen deberes y obligaciones, y esas obligaciones no solo es consigo mismo, sino con todo el que le rodea.
De igual forma dijo que actuarán sin contemplación con las fiestas clandestinas y con dueños de bares y lugares de expendio de bebidas que cierran las puertas y se quedan gente dentro tomando alcohol, sobre ellos, aseguró, caerá todo el peso de la ley.
La fiscalía del Distrito Nacional acusa al abogado Johnny Portorreal de estafar a miembros de la Familia Rosario con más de RD$16 millones.
La magistrada Rosalba Ramos volvió a pedir al jurista que se entregue a las autoridades, y le recordó que la Policía tiene la orden de apresamiento, por lo que en cualquier momento podría ser detenido.
“Tenemos 283 denuncias, y Portorreal debe responder por ellas, la orden de arresto la tiene la Policía Nacional quien está en la facultad de ejecutarla, y en el momento que sea apresado lo vamos a presentar ante los tribunales”, insistió la fiscal.
Dijo que todas las investigaciones que se han realizado establecen que no hay constancia de esa herencia, y algo que resulta triste es que cuando las autoridades acusan al jurista de incurrir en estafa, algunos de los miembros de la familia dicen que no, que él solo va a establecer dónde está el dinero.
Agregó que la fiscalía tiene 283 denuncias, pero son miles las personas perjudicadas en ese proceso, lo que implica que hay una gran cantidad de ciudadanos que tienen esperanza de conseguir un dinero que no existe.
“Y entre estas 283 personas, después de nosotros hacer un cotejo, tenemos un estimado de que le han entregado a Portorreal más o menos una cantidad de 16 millones de pesos”, cuantificó la representante del Ministerio Público.
Dijo que realizaron un allanamiento y en estos momentos están analizando, realizando un conteo, y revisando las pruebas que encontraron.
