La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, presenta querella por difamación e injuria contra “Detective Ángel” e hija de “La Tora”; pide RD$50 millones a cada uno

La querella califica estas declaraciones como “chantaje, difamación agravada y ataques a la vida privada”, violando los artículos 21 y 22 de la Ley 53-07 (sobre delitos digitales) y el 367 del Código Penal Dominicano, que prevén penas de prisión (3 meses a 1 año) y multas.

 La ministra de Interior y Policía, Faride Virginia Raful Soriano, interpuso una querella penal contra el youtuber Ángel Ramón de Jesús Martínez Jiménez, conocido como «Detective Ángel», y contra la comunicadora Ingrid Altagracia Jorge Pérez, hija de «La Tora», por presuntos delitos de difamación e injuria a través de plataformas digitales.

La demanda presentada ante la Procuraduría Especializada en Crímenes y Delitos de Alta Tecnología a la que Noticias SIN tuvo acceso, busca responsabilizar penal y civilmente al comunicador por afirmaciones que vinculan a la funcionaria con actividades ilícitas.

Según el documento legal, Martínez Jiménez habría difundido videos en su canal de YouTube y redes sociales donde acusa a Raful de tener vínculos con el narcotráfico y poseer supuestos «videos íntimos» de la ministra. Entre las declaraciones señaladas como difamatorias, destacan frases como:

• «Hay unos vídeos que unos narcos tienen de Faride… este narco la chantajea».
• «Las aventuras de Faride Raful dando vueltas en la alfombra… voy a sacar tres vídeos».
• «Esta perversa, que grita peor que un chivo cuando le falta la leche».

La querella sostiene que estas imputaciones, realizadas sin pruebas, buscan dañar la reputación y el honor de Raful, quien ocupa un alto cargo público. Además, se alega que el youtuber amenazó con publicar material privado, lo que agrava el carácter lesivo de sus acciones.

El caso contra «Detective Ángel»

La demanda cita violaciones a los artículos 21 y 22 de la Ley 53-07 (sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología) y al artículo 367 del Código Penal Dominicano, que tipifican la difamación y la injuria.

Estos delitos conllevan penas de prisión (de 3 meses a 1 año) y multas. Asimismo, Raful se constituyó como parte civil, exigiendo una indemnización de RD$50 millones por daños morales y perjuicios a su imagen.

Entre las evidencias adjuntas figuran:

• Videos descargados de YouTube y Twitter donde Martínez Jiménez hace las acusaciones.
• Transcripciones de las declaraciones consideradas injuriosas.

La ministra reserva el derecho de ampliar las pruebas durante la investigación y rechazo así las disculpas públicas ofrecidas por el hombre en las redes sociales.

Faride Raful ha sido blanco de críticas en redes sociales, pero esta es la primera vez que recurre a la vía legal para enfrentar acusaciones de esta magnitud. El caso podría sentar un precedente sobre el uso responsable de plataformas digitales y los límites de la libertad de expresión.

Caso hija de «La Tora»

Faride Raful interpuso también una querella penal contra la hija de «La Tora», Ingrid Altagracia Jorge Pérez, por presuntos delitos de difamación, injuria y amenazas a través de plataformas digitales.

La demanda alega que Jorge Pérez lideró una campaña de desprestigio con acusaciones falsas, incluyendo vínculos con narcotráfico y amenazas de difundir supuestos «videos íntimos» de la funcionaria.
Según el documento legal, la comunicadora habría realizado las siguientes afirmaciones en su programa «Controlando la Mañana» y redes sociales (@ingridjorge):

• Vínculos con narcotráfico: Afirmó que Raful proporcionaba escoltas policiales a narcotraficantes para transportar drogas, sin presentar pruebas.
• Amenazas con material íntimo: Aseguró poseer un video comprometedor de la ministra con otra figura pública, describiéndolo gráficamente: «La persona con la que está Faride Raful en el video sexual practicándole un cunnilingus es la señora Milagros Germán».
• Extorsión: Condicionó no difundir el supuesto video si se detenían acciones legales contra allegados suyos: «Si Faride quiere que yo se lo muestre al pueblo… que venga aquí el viernes y haga lo que quieren hacer».

La querella califica estas declaraciones como «chantaje, difamación agravada y ataques a la vida privada», violando los artículos 21 y 22 de la Ley 53-07 (sobre delitos digitales) y el 367 del Código Penal Dominicano, que prevén penas de prisión (3 meses a 1 año) y multas.

Raful, quien también se constituyó como parte civil, exige una indemnización de RD$50 millones por daños morales y perjuicios a su imagen.

La demanda destaca que las acusaciones han afectado su honor como funcionaria pública y su vida personal, generando un «descrédito masivo» en redes sociales.

Entre las pruebas presentadas figuran videos de YouTube e Instagram donde Jorge Pérez hace las imputaciones y capturas de publicaciones con lenguaje «ultrajante y discriminatorio».

Ingrid Jorge Pérez, vinculada al conglomerado mediático de su madre Claudina Pérez «La Tora», no ha comentado públicamente la querella. Sin embargo, en una reciente publicación en Instagram, desafiaba: «Faride, tú sabes que no es IA. Esperaré tu notificación en mi casa»*, lo que la demanda interpreta como un *»desprecio al sistema judicial».