El Ministerio Público solicita un año de prisión preventiva contra Edward Armando Vidal Garrido, propietario de la empresa Vidal Plast
La jueza Miolany Herasme de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de San Cristóbal se reservó este lunes para este mañana martes 5 de septiembre el fallo sobre la solicitud de medida de coerción contra los tres imputados por la explosión en San Cristóbal ocurrida el pasado 14 de agosto dejando, hasta el momento, 37 muertos y 59 heridos.
El Ministerio Público solicitó un año de prisión preventiva contra Edward Armando Vidal Garrido, propietario de la empresa Vidal Plast, y garantías económicas, impedimento de salida del país y presentación periódica para su esposa y una hija de ambos.
Unos 37 denunciantes, igual a la cantidad de víctimas, se presentaron hoy al tribunal durante el conocimiento de esta coerción efectuada a puerta cerrada en el citado tribunal.
La directora técnica de la Fiscalía de San Cristóbal, Laura Segura, y el fiscal José Guerrero han solicitado declarar el caso complejo y que lo tipifican de homicidio involuntario. Por esta última imputación, abogados han manifestado que la pena que conlleva es de dos a tres años de prisión.
El órgano acusador también indicó que, los dueños de Vidal Plast SRL violaron las leyes de Salud y Medioambiental.
Durante todo el día de este lunes, decenas de manifestantes han llegado a defender la “inocencia” de los tres supuestos involucrados en la muerte de 37 personas.
Con pancartas en manos, los manifestantes enfocaban su defensa en favor de Edward Vidal.
“Nosotros estamos sorprendidos por la manera en que se ha manejado la justicia, acusando a Edward Vidal de un caso que no pasó. Estamos conscientes de que el plástico no estalla, sea cual sea la condición”, explicó Cristian Vidal, vicepresidente de la Asociación Nacional de Recicladores y hermano de Edward Vidal.
Entiende que las autoridades están falseando las pruebas. “Porque eso ya lo habían entregado al Ayuntamiento (de San Cristóbal) ahí había un solo empleado recogiendo, ahí no había maquinarias ni nada”, declaró.
El Ministerio Público pide además contra la esposa de Edward Vidal, Maribel Sandoval, así como la hija de ambos, Mercedes Altagracia Vidal Sandoval, una garantía económica de un millón de pesos, impedimento de salida y presentación periódica.
Entre los incidentes planteados por el abogado de los encartados en este proceso, Norberto Rondón, está que el Ministerio Público violó el debido proceso, porque no concilió el caso con los presuntos imputados.
“También planteamos sobre el Cuerpo de Bomberos, que estos van a pasar de héroes a villanos, porque el informe periciales hechos por ellos, se lo entregaron al Ministerio Público el 30 de agosto, pero al síndico (José Montás) y a la gobernadora (Pura Casilla) se lo habían entregado el 18 de agosto”, indicó Rondón.
El abogado aseguró que esta prueba enviada por los bomberos ya está contaminada por haber estado en manos de terceros.
“No sabemos que pudo pasar entre un informe y el otro, después de estar en manos de una persona que debe ser investigada como es el caso de José Montás (alcalde, San Cristóbal)”, planteó.
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