El retraso en la burocracia para tramitar a España la solicitud de extradición de Joel Ambiórix Pimentel García (alias La J) fue lo que provocó que fuera dejado en libertad de manera provisional, ya que se excedieron los 45 días como límite que pone el tratado con República Dominicana para enviar la documentación luego de que la persona fue detenida.
También se establece que la solicitud de extradición interpuesta contra el imputado Pimentel García se debe a dos asesinatos que se le atribuye haber cometido en la cárcel “El Pinito”, en La Vega.
Al conocido como “La J”, también se le imputa haber amenazado a la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, por haber dispuesto el traslado de un grupo de reos en la citada cárcel, donde éste mantenía su influencia para actividades criminales.
Sin embargo, este aspecto no está contenido en la solicitud de extradición que no se ha ejecutado por haber sido enviada fuera de fecha a las autoridades españolas.
La misma está fundamentada en que a Joel Ambiórix Pimentel García se le atribuye ser el responsable de haber mandado a envenenar al reo Alejandro Vidal y estrangulado a Gregorio Matos Carrasco.
“La J” fue detenido en San Sebastián de los Reyes, en España, el 29 de mayo de 2024, luego de que las autoridades dominicanas impusieran una alerta roja ante la Policía Internacional por los dos asesinatos que se le imputan.
La información del apresamiento le fue comunicada a la fiscal titular de La Vega, Aura Luz García.
A partir de ese momento las autoridades dominicanas tenían un plazo de 45 días para tramitar la documentación que sustenta los hechos para la solicitud de extradición, según el tratado entre los dos países.
El 12 de julio de 2024 se depositó el expediente en el Ministerio de Relaciones Exteriores, que lo tramitó a la embajada dominicana en España. Esta última depositó los documentos en la Cancillería española el 24 de julio, pero el imputado ya había sido puesto en libertad.
Sin embargo, el retraso que provocó la puesta en libertad no invalida la solicitud de extradición y es por esto que se especifica que “La J” fue puesto “en libertad con medida por no llegar la documentación extradicional en el plazo”.
La amenaza a Germán
Aunque el imputado saltó a la palestra pública porque la propia procuradora general Miriam Germán Brito denunció que este la llamó por teléfono para amenazarla con dañar a su hijo, este incidente no es el que motiva la solicitud de medida de coerción, según consta en los documentos remitidos a España.
En mayo del año pasado la Procuraduría explicó que entre los cargos que deberá enfrentar el extraditable La J en los tribunales dominicanos figuran la violación de los artículos 295, 296 y 301 del Código Penal dominicano, los cuales conllevan una pena de hasta 30 años de prisión.
Otro delito
—En Estados Unidos
La “J” había sido deportado de Estados Unidos, donde estuvo preso por cargos de narcotráfico. Allí residió por 10 años y, tiempo después, se trasladó a Colombia, donde obtuvo la ciudadanía de ese país.
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