La Fiscalía de Santo Domingo Oeste citó este lunes al presidente de la Junta Directiva del Santo Domingo Country Club ante la investigación con la que busca establecer responsabilidades y gestionar sanciones respecto a la congregación de una multitud que alegadamente violó los protocolos sanitarios durante una boda realizada el viernes.
Una nota prensa de la Procuraduría General de la República indicó que el procurador fiscal Edward López Ulloa, titular de la Fiscalía de este distrito judicial, notificó a la directiva del club para que se presente a sus oficinas a las 9:00 de la mañana de este miércoles 23 de diciembre.
El nombre de la persona citada es Jaime Marranzini, presidente de la Junta Directiva del Santo Domingo Country Club. Su nombre fue confirmado por la Fiscalía de Santo Domingo Oeste, pues la Procuraduría no lo suministró.
El Ministerio Público indaga sobre la boda realizada el pasado viernes 18 de diciembre de 2020 en las instalaciones del club, con el objetivo de determinar las violaciones al decreto 698-20, que establece el toque de queda y la Ley General de Salud.
Durante el fin de semana circularon videos a través de las redes sociales de la actividad que denunciaban violación a los protocolos sanitarios establecidos para contrarrestar la pandemia de la COVID-19.
Se habló sobre la ausencia de mascarillas de protección en los invitados a la boda. También, una notoria violación del distanciamiento físico en un ambiente festivo amenizado por artistas populares.
Salud Pública dispuso el cierre del Country Club, cuya directiva aseguró, en un comunicado, que realizó el evento con una ocupación de un de un 35 %, equivalente a 420 invitados de su capacidad de 1,200 persona.
De acuerdo al último boletín del Ministerio de Salud Pública, la COVID-19 ha matado a 2,385 personas en República Dominicana, en donde se han registrado 161,052 contagios por el coronavirus SARS-CoV-2 detectado en China hace un año.
El fiscal López Ulloa, quien se presentó en persona Santo Domingo Country Club, reafirmó la determinación del Ministerio Público de enfrentar cualquier violación a los protocolos sanitarios que buscan frenar los contagios por coronavirus.
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