La Dirección General de Contrataciones Públicas suspendió los contratos del Ministerio de Educación para adquisición de libros digitales

La Dirección General de Contrataciones Públicas suspendió los contratos del Ministerio de Educación con diferentes editoras para la compra de libros digitales para el nivel secundario correspondiente al año escolar 2022-2023, por un monto superior a los 2,500 millones de pesos.

La resolución de Contrataciones no es definitiva, pero señaló que adoptó la medida cautelar hasta tanto se dé respuesta al recurso de impugnación interpuesto por la razón social Editorial Actualidad Escolar 2000, SRL en contra de la adjudicación, suscripción y ejecución de los contratos correspondientes a los lotes No. 1,2,3 y 7 del procedimiento de Excepción por Exclusividad No. MINERD-CCC-PEEX-2C22-0003.

Las empresas adjudicadas fueron Cocolo Editorial EIRL, Editorial Cosme Peña, CA-Mart Soluciones y Ediciones Salomé. Actualidad Escolar también ganó un lote y dijo que se enteró luego de que las editoras anteriores firmaron contratos por un valor superior al suyo, violando el principio de economía y el pliego de condiciones contemplados en la ley 340-06.

Por esta y “otras irregularidades” ha sometido varias acciones en contra del proceso de licitación del Minerd. Fundamentó ante la DGCP que para los lotes 1,2,3 y 7 presentó ofertas económicas por montos inferiores a las editoras que resultaron ganadoras y que Educación no explicó por qué descartó sus ofertas, además, señala que la demora en la publicación del acta de adjudicación buscaba limitarle el ejercicio del derecho a recurrir a las decisiones administrativas y blindar contra cualquier recurso la suscripción, pautada para el 27 de junio de 2022 y la ejecución de los contratos.

Contrataciones Públicas detalló en su resolución, que solicitó al Ministerio de Educación su escrito de defensa sobre las acusaciones de Actualidad Escolar y que hasta el momento el organismo no lo ha presentado. Lo propio hizo con las empresas adjudicadas y solo Cocolo Editorial presentó su defensa, que posteriormente fue rechazada por “improcedente y carente de asidero jurídico”.