La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) anuló el procedimiento de licitación pública realizada por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) para la instalación de la red semafórica del Gran Santo Domingo.
Así lo informó el órgano rector, que anuló el pliego de condiciones, y por consiguiente el procedimiento de licitación pública nacional INTRANT CCC-LPN-2023-0001, debido a que se identificaron violaciones a los artículos 21 y 25 de la Ley 340-06 de Contrataciones Públicas, y 88, 91 y 94 de su Reglamento de aplicación.
Las irregularidades se constituyen en violaciones a los principios de participación, proporcionalidad, igualdad y libre competencia de la normativa de compras, así como de los principios de racionalidad y debido proceso de la Ley 107-13.
La entidad comprobó que al establecer requisitos excesivos y desproporcionados, exigiendo a los potenciales oferentes acreditar experiencia de haber instalado 15 mil controladores y 40 mil intersecciones a nivel mundial, el pliego resultó restrictivo, aspecto que influyó en la baja participación e impidió a los peritos realizar una evaluación objetiva.
Entre las irregularidades e inobservancias al debido proceso, la DGCP también destaca que los peritos realizaron evaluaciones técnicas subjetivas y que de forma deliberada tan solo efectuaron validaciones de experiencia de uno de los oferentes participantes.
Asimismo, las evaluaciones realizadas por los peritos no se encuentran motivadas y se evidenció que se apartaron del debido proceso al recomendar subsanación de aspectos técnicos que la normativa no permite porque suponen una mejora de la oferta.
Por esto, la DGCP destacó que lo que procedía era que el Comité de Compras rechazara esas evaluaciones por fundamentarse en criterios subjetivos, arbitrarios, discrecionales y deliberados.
En atención a estas irregularidades, la entidad Gubernamental reiteró que el Intrant debe aplicar las sanciones disciplinarias a los funcionarios y servidores públicos que participaron en el referido procedimiento.
Mediante una nota de prensa, la institución afirmó que esta resolución también se estará entregando a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) como parte del proceso de investigación que lleva a cabo.
Se recuerda que en las dos primeras resoluciones RIC-164-2023 y RIC-165-2023 se comprobó la existencia de un entramado societario difuso y la presentación de documentación falsa para acreditar experiencia por parte de la empresa adjudicataria que fue desconocida por las empresas supuestamente emisoras.
En la nueva resolución RIC-168-2023, emitida en respuesta al recurso jerárquico interpuesto por la razón social ESC Group, S.R.L. también se evidencian irregularidades graves en la adjudicación del contrato.
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