La defensora del Pueblo, Zoila Martínez Guante, propuso a la Procuraduría General de la República y a la Comisión de Alto Nivel designada por el gobierno para la prevención y control del coronavirus, reunirse con urgencia, para revisar los expedientes de los reclusos de todas las cárceles que están próximo a cumplir la condena, los envejecientes y los que padecen de enfermedades infectocontagiosas (hepatitis, tuberculosis, VIH-Sida).
“La reunión es con la finalidad de gestionar la libertad con celeridad de éstos, ante los jueces de ejecución de la pena de todas las demarcaciones del país, para evitar más contagios con el COVID-19 en los recintos penitenciarios”, apuntó.
Sugirió que el trabajo de revisión de esos expedientes lo hagan los directores de prisiones tanto del nuevo modelo como del tradicional, y en coordinación con la Pastoral Penitencia de la Iglesia católica.
“Ese problema deben resolverlo los directores de prisiones, que tienen el registro de los expedientes de cada privado de libertad, en coordinación con la pastoral penitenciaria. Esto lo he estado diciendo hace tiempo, que lo que pasa en las cárceles es terrible, que se revisen esos archivos, de lo contrario todos seremos responsables de lo que ocurra en las cárceles con el coronavirus”, expresó Martínez Guante en una nota difundida por el departamento de comunicaciones del Defensor del Pueblo.
Consideró que si a los jueces de ejecución de la pena no le pasan los expedientes no pueden trabajar.
Martínez Guante precisó que hay presidiarios que no tienen cédula y otros que sus expedientes no aparecen.
Deploró la situación de algunas cárceles, como la del 15 de Azua, Montecristi y La Victoria, está última que catálogo como un “submundo” porque cree que no debe llamarse cárcel.
