Los cargos que pesan sobre el grupo incluye, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, cobro de sobornos, lavado de activos, falsificación , uso de documentos falsos, entre otros.
La Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional continua este martes con el conocimiento de los recursos de apelación presentado por Santiago Hazim y otros seis implicados en el caso de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), contra la decisión que dispuso su envió a prisión .
El tribunal de alzada inició pasado las 10 de la mañana con el conocimiento de los recursos de apelación presentados por los imputados a través de sus abogados Miguel Valerio, Hiroito Reyes, Marcelino Vargas Brito, Jaime Caonabo Terrero, entre otros.
Con los recursos, los imputados buscan que el tribunal de alzada revoque la decisión dictada por el juez Rigoberto Sena, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, que impuso 18 meses de prisión preventiva en contra de los imputados.
El magistrado además dispuso el envió de los imputados al Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras y la cárcel de Najayo Mujeres y declaró además el caso complejo.
El grupo de detenidos incluye a Santiago Hazim (exdirector del SeNaSa), Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, exgerente financiero; Germán Rafael Robles Quiñones, ex consultor Jurídico; Francisco Iván Minaya Pérez, gerente de salud; Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.
Asimismo, la Corte fijó para este martes, el recurso de apelación presentado por Miguel Surún Hernández, en contra de los imputados Cinty Acosta, Heidi Pineda y Eduardo Read, quienes se encuentran bajo arresto domiciliario, impedimento de salida del país, presentación periódica y garantía económica.
El Ministerio Público sostiene que el entramado operó desde el 2020 hasta el 2025, defraudando hasta el momento con más de 15,000 millones de pesos del sistema público de riesgos de salud.
Los cargos que pesan sobre el grupo incluye, coalición de funcionarios y prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado dominicano, desfalco, cobro de sobornos y lavado de activos, falsificación y uso de documentos falsos.
El Ministerio Público enfatizó que el caso no está cerrado. Además de los actuales arrestados, otras personas físicas y jurídicas permanecen bajo investigación.
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