El tribunal también concedió tiempo a los demás abogados para que hagan los aportes pertinentes
La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó por segunda ocasión la audiencia para conocer la medida de coerción contra los 10 acusados de formar parte de una red de narcotráfico internacional, vinculada a organizaciones criminales colombianas y mexicanas, desmantelada mediante la Operación Búfalo NK.
La decisión se tomó debido a la incorporación de tres nuevos abogados al caso, a quienes se les otorgó un plazo para familiarizarse con el proceso. Además, se concedió tiempo adicional para que los abogados ya presentes puedan hacer los aportes necesarios.
La audiencia fue reprogramada para el próximo miércoles 2 de octubre.
La abogada Sonia Marlene Guerrero indicó que las acusaciones contra su defendido, Rafael Ynoa Santana, alias “el Cojo”, “Pocho” o “el Don”, son inciertas. Ynoa Santana es acusado de ser el líder de esta supuesta organización criminal.
“Quizás hay algunas amistades que, con el tiempo, le pesan a las personas; es lo único que puedo decir”, expresó a la salida de la audiencia.
Guerrero espera que se imponga prisión domiciliaria para su cliente, argumentando que la orden de allanamiento fue ejecutada en la residencia de Ynoa Santana.
Jhon Garrido, abogado del imputado Robert Acosta Adames, quien supuestamente coordinaba para la organización los movimientos de dinero y narcóticos en Puerto Rico y Estados Unidos, aseguró que la investigación del caso está sujeta a prescripción, ya que se inició en 2019 y, según sus declaraciones, “ya prescribió”.
“Del 2019 al 2024 han pasado más de cinco años, y la normativa procesal establece que ningún caso puede durar más de cuatro años. Creo que estamos ante una investigación que nació muerta, una investigación que ya prescribió y se extinguió”, manifestó.
Informó que solicitará la extinción del proceso penal, afirmando que Acosta Adames es inocente, un hombre de familia y trabajo, dedicado a la agricultura y el comercio. Asimismo, aseguró que el órgano acusador no tiene pruebas contra su defendido.
“El Ministerio Público tiene datos, no pruebas. Se está basando en una simple investigación que aún debe ser comprobada por un juez”, expresó Garrido.
Acosta Adames figura en el documento acusatorio del Ministerio Público como persona de “extrema confianza” del señalado líder de la organización.
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