Los requisitos laborales iban a entrar en vigor el 1 de enero para muchos adultos sanos que reciben Medicaid, lo que podría haber dejado a millones de personas sin seguro médico.
El gobierno federal anunció el viernes un aplazamiento de seis meses en la aplicación del requisito laboral de Medicaid, una disposición central del “gran y hermoso proyecto de ley” del presidente Donald Trump que, según los expertos, provocaría que millones de estadounidenses perdieran su cobertura médica.
Si bien técnicamente el requisito sigue entrando en vigor el 1 de enero, según las nuevas directrices de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, los estados que opten por no aplicarlo no serán responsabilizados hasta al menos el 1 de julio.
Esta medida supone un giro sorprendente para una administración que ha pasado meses defendiendo la política frente a las críticas de funcionarios estatales y defensores de la atención médica, quienes advirtieron que la implementación se estaba llevando a cabo demasiado rápido y que las personas que deberían ser elegibles para Medicaid perderían la cobertura debido a la burocracia y el papeleo adicionales.
CMS denominó a este período de seis meses “período de protección” y la demora es opcional. Los estados que opten por este período comenzarán a verificar el 1 de enero si los beneficiarios de Medicaid trabajan, realizan trabajo voluntario o estudian, o si cumplen con los requisitos para una exención. Sin embargo, hasta julio, nadie en esos estados perderá la cobertura por no cumplir con los requisitos.
“Los estados han logrado avances reales y han sido claros con nosotros sobre lo que se necesita para que esto funcione bien para los beneficiarios, a gran escala y a largo plazo”, dijo Dan Brillman, quien supervisa Medicaid en CMS.
La Casa Blanca declinó hacer comentarios.
Algunos estados ya han avanzado en la implementación de los requisitos laborales. En Nebraska, que puso en marcha estos requisitos el 1 de mayo, más de 1000 personas han perdido su cobertura o se les han denegado las prestaciones debido a las nuevas normas, según cifras estatales hasta agosto.
El requisito laboral para acceder a Medicaid fue un pilar fundamental del “gran y hermoso proyecto de ley” de Trump, un paquete masivo de impuestos y gastos que benefició abrumadoramente a los ricos mediante exenciones fiscales, al tiempo que recortaba la red de seguridad social para los estadounidenses vulnerables. Se prevé que millones de estadounidenses pierdan su cobertura médica y la asistencia alimentaria como consecuencia de esta ley, la legislación nacional más emblemática del segundo mandato de Trump.
La ley exige que muchos adultos sanos menores de 65 años demuestren que trabajan, son voluntarios o estudian al menos 80 horas al mes para mantener Medicaid, que proporciona cobertura médica a estadounidenses de bajos ingresos y con discapacidades. La administración Trump argumenta que este requisito y otras disposiciones de la ley fomentan el trabajo, reducen el despilfarro y protegen los programas de beneficios gubernamentales para quienes los necesitan.
La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que solo los requisitos laborales dejarían a 5,3 millones de personas más sin seguro médico para 2034 y ahorrarían al gobierno federal 317 mil millones de dólares, parte de los casi 1 billón de dólares en recortes a Medicaid contemplados en la ley.
La presión sobre la administración para que retrasara el requisito se había intensificado durante meses. Cinco gobernadores demócratas solicitaron el mes pasado al secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., que pospusiera la implementación, argumentando que las agencias estatales no estaban preparadas. Además, un juez federal bloqueó el mes pasado la aplicación por parte de la administración Trump de una parte del requisito relacionada con las personas con problemas de salud graves, alegando que podría provocar que algunas personas perdieran su cobertura injustamente.
El retraso se produce poco más de una semana después de que los demócratas obtuvieran el control de ambas cámaras del Congreso con la promesa de revertir los recortes del Partido Republicano a la atención médica y la asistencia alimentaria.
“La atención médica de millones de personas está en riesgo debido al requisito laboral de la ley de reconciliación republicana, mientras los estados se apresuran a implementarla en un plazo acelerado y a responder a los cambiantes requisitos federales”, dijo Sarah Lueck, vicepresidenta de política de salud del Center on Budget and Policy Priorities, en una publicación en X. “Las noticias de hoy permiten a los estados retrasar el daño”.
