El presidente de Estados Unidos rubricó dos órdenes ejecutivas que establecen un salario mínimo para empleados federales, aumentan la ayuda alimentaria y amplían las características del seguro de desempleo
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó este viernes dos decretos de emergencia para ofrecer asistencia financiera a millones de estadounidenses, mientras el Congreso inicia los debates sobre el paquete de 1,9 billones de dólares para ayudar a los afectados por la pandemia de coronavirus.
Las dos órdenes ejecutivas Biden aumentan la ayuda alimentaria, protegen a los desempleados y allanan el camino para que los trabajadores del gobierno federal y los contratistas obtengan un salario mínimo de 15 dólares por hora.
“No podemos y no dejaremos que la gente pase hambre. No podemos dejar que la gente sea desalojada por algo que no tuvo que ver con ellos. No podemos ver como la gente pierde sus trabajos. Tenemos que actuar ahora”, expresó el mandatario desde la Casa Blanca antes de firmar los documentos.
En otro pasaje de su locución, Biden aseguró que el gobierno tiene una “obligación moral” de proveer alivio, pero la decisión también es un “imperativo económico”. “Estamos en medio de una emergencia nacional, tenemos que actuar acorde”, dijo el mandatario, quien dijo a su vez que espera que la cantidad de muertes como consecuencia del COVID-19 supere las 600.000. Actualmente la cifra es ligeramente inferior a 412.500.
Funcionarios del nuevo gobierno ya habían defendido la necesidad de implementar las medidas, y de hacerlo rápido: “El pueblo estadounidense no puede darse el lujo de esperar”, dijo el director del Consejo Económico de la Casa Blanca, Brian Deese. “Muchos penden de un hilo. Requieren ayuda y estamos comprometidos a hacer todo lo posible para brindar esa ayuda cuanto antes”, añadió.
Deese señaló que los decretos no sustituyen al estímulo adicional que, según Biden, es necesario más allá de los 4 billones de dólares de ayuda ya aprobados, incluidos 900.000 millones en diciembre. Varios legisladores republicanos han declarado su oposición a ciertas disposiciones del plan del demócrata de realizar pagos directos a individuos, brindar ayuda a los gobiernos estatales y locales y el establecimiento del salario mínimo nacional en 15 dólares por hora.
La mayor parte de los economistas creen que Estados Unidos puede recuperarse con fuerza una vez que la gente esté vacunada contra el coronavirus, pero la situación sigue siendo difícil con el cierre de negocios y escuelas. Se han perdido casi 10 millones de empleos desde febrero de 2020 y alrededor 30 millones de familias no tienen asegurado el acceso a los alimentos.
Una de las órdenes de Biden exige al Departamento de Agricultura que estudie un ajuste de las normas de ayuda alimentaria para que el gobierno esté obligado a dar más dinero a las personas que pasan hambre.
Los niños que no pueden almorzar en los comedores escolares por la enseñanza a distancia recibirían un aumento del 15% en la ayuda alimentaria, según un documento informativo de la Casa Blanca. Las familias de ingresos más bajos podrían recibir prestaciones de emergencia bajo el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria.
La orden también busca ayudar a que la gente pueda reclamar pagos directos de paquetes de asistencia y otros beneficios anteriores. Además, crearía una garantía para que los trabajadores puedan seguir cobrando la prestación por desempleo si se niegan a aceptar un trabajo que ponga en peligro su salud, o renuncian a uno con las mismas características.
La segunda orden ejecutiva de Biden devolvería a los sindicatos los derechos de negociación anulados por el gobierno anterior, protegería el sistema de empleo civil y promovería un sueldo mínimo de 15 dólares por hora para todos los empleados públicos federales. El presidente quiere iniciar un proceso de 100 días para que los contratistas paguen el mínimo de 15 dólares por hora y den a sus trabajadores licencia paga de emergencia, lo cual sería una presión sobre el sector privado para elevar sueldos y beneficios.
En tanto, la Casa Blanca se niega a hablar de plazos para aprobar su paquete de rescate y afirma que sus funcionarios apenas comienzan a concertar reuniones con legisladores para discutir la propuesta.
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