Los Cinco imputados de la Operación Coral bajaron desde sus cárceles en el Palacio de Justicia hasta el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional para conocer sus medidas de coerción.
La jueza Kenya Romero es la encargada de conocer las medidas de coerción solicitadas por el Ministerio Público y consistentes en un año de prisión preventiva para todos los imputados.
El primero en entrar a la sala fue Rafael Núñez de Aza, a quien el Ministerio Público acusa de supuestamente ser el cerebro financiero de la red encabezada por el general Adán Cáceres.
Posteriormente, entró a la sala de audiencias la pastora Rossy Guzmán junto a su hijo Tanner Flete, a quienes el Ministerio Público acusa de ser supuestos testaferros de Adán Cáceres.
Al grupo señalado por la Procuraduría y encabezado por Adán Cáceres se le acusa de supuestamente desviar fondos desde el erario público hasta sus cuentas personales creando una red de aproximadamente 10 empresas para lavar el dinero.