La decisión, respaldada por asociaciones del sector, responde a una falta de recursos derivados del aumento de costos, tras agotar gestiones previas y no recibir respuesta a sus solicitudes por parte de las autoridades
La Cámara de Transportistas Urbanos e Interurbanos de Guatemala (CATUG) notificó al Ministerio de Gobernación que el gremio se encuentra en una situación financiera insostenible y ha decidido suspender el servicio de transporte a partir del lunes 6 de abril de 2026, junto a la Asociación de Transportistas EGA y Metrotransportes Limitada, ambas organizaciones que agrupan a empresas del sector. La suspensión equivale a un paro total del transporte urbano e interurbano en el país, al que se sumará una marcha pacífica con 200 unidades hacia el centro político de la capital.
Según un comunicado presentado por la CATUG y recibido oficialmente por el Ministerio el 30 de marzo, la crisis de inflación global ha provocado un incremento grave en el costo de los hidrocarburos y derivados del petróleo. Las empresas han declarado que han agotado su capital de trabajo, lo que impide la adquisición de combustible y la realización de mantenimiento de las unidades. La organización sostiene que la falta de liquidez operativa constituye una causa de fuerza mayor y obliga a la paralización de actividades.
Las agrupaciones señalan que esta medida es el último recurso, tras no haber obtenido respuesta favorable a sus peticiones y ante la ausencia de mecanismos de contingencia para garantizar la viabilidad del transporte público.
El gremio informó que este lunes en la mañana se desplegarán 200 unidades de transporte en una marcha pacífica por las principales vías de la ciudad de Guatemala. El recorrido culminará en la Municipalidad de Guatemala, el Palacio Nacional y el Congreso de la República. La movilización tiene como objetivo exigir la atención inmediata de las autoridades y la creación de soluciones frente a la crisis de costos operativos.
La CATUG subrayó que la protesta se fundamenta en los derechos de reunión y manifestación consagrados en los artículos 33 y 28 de la Constitución Política de la República de Guatemala. La organización solicitó al Ministerio de Gobernación que se garantice el orden público y el pleno ejercicio de los derechos constitucionales, evitando confrontaciones y asegurando el carácter pacífico de la protesta.
En el documento, la CATUG reiteró su disposición al diálogo técnico con las entidades responsables, siempre que existan propuestas concretas para abordar la situación. El comunicado finaliza con un llamado urgente a las autoridades para establecer mecanismos que permitan la continuidad del servicio público de transporte.
Por su parte, el Congreso de la República de Guatemala se prepara para retomar este lunes 6 de abril el debate sobre el subsidio a los combustibles, una discusión que ha crecido en intensidad debido a la persistente alza de precios y a la urgencia que representa para amplios sectores sociales y económicos. La sesión ordinaria se inserta en una agenda que busca responder a la presión ciudadana generada por el incremento de los costos energéticos y, al mismo tiempo, enfrenta acusaciones de baja productividad legislativa vinculadas a un contexto político preelectoral, según informó el medio guatemalteco Prensa Libre.
Durante la última sesión enfocada en esta medida, realizada el 25 de marzo, la iniciativa del Organismo Ejecutivo para subsidiar los combustibles estuvo cerca de recibir aprobación de urgencia nacional.
Sin embargo, el proceso se estancó cuando el bloque oficialista condicionó su voto a una ampliación presupuestaria de Q1.500 millones (USD 196.516.500), lo que deshizo los consensos y provocó la ruptura del quórum. Este desencuentro político no solo retrasa la respuesta ante la crisis de precios, sino que también revela el carácter condicionado de la toma de decisiones actual en el Congreso, según documenta el medio.
El presidente del Congreso, Luis Contreras, líder del bloque Compromiso Renovación y Orden (Creo), destacó tres prioridades inmediatas: la aprobación del subsidio al combustible, el avance de la ley de lavado de dinero en segundo debate y la aprobación en tercera lectura de la ley de puertos. Contreras detalló que la búsqueda de acuerdos incluye la invitación a representantes de los transportistas a reunirse con la instancia de jefes de bloque, un gesto destinado a escuchar directamente las demandas sectoriales y buscar salidas al costo del diésel, indica la nota de Prensa Libre.
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