Flavio Darío Espinal, encargado de la consultoría, explicó que no existe impedimento legal para aprobación de aeropuerto en Bávaro

La Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo aseguró este lunes que no existen impedimentos legales para que el presidente de la República, Danilo Medina, diera su aprobación al establecimiento del Aeropuerto Internacional de Bávaro (AIB).

Flavio Darío Espinal, encargado de la consultoría, explicó que desde dicha dirección se realizó un estudio, tanto histórico como legal, antes de asistir al presidente Medina en la toma de decisión.

El estudio incluyó una descripción histórica sobre la aprobación de cada aeropuerto del país, una explicación de los modelos de aeropuertos vigentes y un análisis de las disposiciones legales relativas al régimen de concesiones de las legislaciones.

Además de que dicha asistencia se realizó tras recibir los informes técnicos y las recomendaciones de los órganos especializados del sector aeronáutico.

Espinal informó, en un discurso dirigido al país, que puso a disposición del público en la página web de la Consultoría Jurídica, el análisis que orientó al presidente para emitir el decreto 270-20 para el establecimiento del AIB.

Explicó que, aunque se emitiera el decreto, la autorización del proyecto corresponde al Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), así como fiscalizar la construcción, puesta en funcionamiento y operación de la terminal.

Se tiene previsto que el Grupo Abrisa construya la terminal en unos terrenos ubicados en el paraje Tres Piezas, del sector El Salado, del municipio Salvaleón de Higüey, en la provincia La Altagracia.

Una vez que se dio a conocer el decreto que establece la construcción del aeropuerto, las críticas no han parado incluso, hay una denuncia de corrupción.

La Corporación Aeroportuaria del Este, que administra el aeropuerto de Punta Cana y preside el empresario turístico Frank Rainieri, presentó una denuncia ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), ante “la posible comisión de delitos de coalición de funcionarios, prevaricación, usurpación de funciones y otros ilícitos” presuntamente cometidos por 11 funcionarios al avalar el proyecto.