El nuevo veto migratorio del presidente Donald Trump, que restringe el ingreso a Estados Unidos de ciudadanos de 19 países, entró en vigor este lunes. La medida prohíbe la emisión de nuevos visados a solicitantes fuera del país provenientes de 12 naciones, principalmente africanas y de Medio Oriente, y establece restricciones adicionales a otros siete países, en medio de una intensificación de la política de control migratorio de la Casa Blanca.
La proclamación presidencial, firmada el miércoles de la semana pasada afecta a personas provenientes de Afganistán, Birmania (Myanmar), Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen. A estos se suman restricciones para ciudadanos de Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela, quienes no podrán solicitar visados si se encuentran fuera de Estados Unidos y no tienen uno válido.
Las autoridades aclararon que la medida no revoca visados previamente emitidos, aunque las nuevas solicitudes serán rechazadas salvo en casos que cumplan con criterios de excepción estrictos. El Departamento de Estado informó a sus misiones diplomáticas el viernes que quienes ya poseen visado podrán ingresar al país.
En declaraciones difundidas en video, Trump justificó la decisión al señalar que los países incluidos representan “riesgos relacionados con el terrorismo y la seguridad pública”, además de deficiencias en los sistemas de control y verificación de identidad de los solicitantes. También argumentó que algunos gobiernos “se han negado históricamente a recibir a sus ciudadanos deportados” y que los países incluidos presentan altas tasas de permanencia ilegal tras el vencimiento de visados.
“Esta medida es esencial para proteger a nuestro pueblo”, afirmó Trump, al vincular el decreto con el reciente ataque en Boulder, Colorado, perpetrado por un ciudadano egipcio que presuntamente había excedido el plazo de su visa turística. Egipto, sin embargo, no figura en la lista de países restringidos.
La disposición fue rápidamente rechazada por organizaciones humanitarias y representantes de comunidades afectadas. Abby Maxman, presidenta de Oxfam América, afirmó que “esta política no trata sobre seguridad nacional, sino sobre dividir y estigmatizar a comunidades que buscan seguridad y oportunidades en Estados Unidos”.
En Newark, Nueva Jersey, la ciudadana haitiano-estadounidense Elvanise Louis-Juste, entrevistada en el aeropuerto local, expresó su preocupación por la medida. “Tengo familia en Haití, así que es muy angustiante ver y escuchar esto”, declaró. “No creo que sea algo bueno, es muy perturbador”.
Expertos legales sostienen que esta nueva orden ejecutiva busca evitar impugnaciones judiciales, como ocurrió en 2017 con la primera versión del veto migratorio, que fue ampliamente criticada por dirigirse principalmente a países musulmanes y por su redacción apresurada. La actual proclama se enfoca en la fase de solicitud de visa y se basa en informes anuales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sobre tasas de permanencia ilegal.
Desde Caracas, el régimen de Nicolás Maduro condenó la medida, calificándola como una “campaña de estigmatización y criminalización” contra los venezolanos. Venezuela, junto con Cuba, ha sido objeto de diversas sanciones unilaterales por parte de Washington en los últimos años.
Las restricciones incluyen tanto visas de turismo, negocios como de estudios, y afectan a ciudadanos que actualmente se encuentran fuera del territorio estadounidense. No hay cambios para quienes ya residen legalmente en EEUU ni para quienes poseen la residencia permanente (green card).
La nueva política de vetos se enmarca en una estrategia migratoria más amplia impulsada por la administración Trump, enfocada en el endurecimiento de controles fronterizos, la reducción de admisiones de refugiados y el refuerzo de las deportaciones.
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