Luego de que la Procuraduría General de la República estableció las tarifas para las multas a cobrar a las personas, comercios y vehículos que violenten el toque de queda y otras restricciones dispuestas por el Gobierno para evitar la propagación del COVID-19, las reacciones contra las medidas no se han hecho esperar.
En esta ocasión la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la República Dominicana (CNDH-RD), solicita a la procuradora de la República, Míriam Germán Brito a que reconsidere su decisión y deje aún efecto la disposición, debido a que según ellos, está violando la ley y hasta la propia Constitución.
El presidente de la Comisión, Manuel María Mercedes, expresó este jueves que el órgano persecutor de la corrupción no tiene facultad jurídica para establecer esas multas.
Dijo que ninguna ley facultad o autoriza a la Procuraduría General de la República a crear, imponer, juzgar o cobrar sanciones o multas por violación al toque de queda.
La Procuraduría General de la República estableció el pago de las sanciones el lunes 11 de este mes a través de un documento llamado “Instrucción general sobre procesamiento y sanciones por incumplimiento del toque de queda y prohibición de aglomeraciones”, el cual dirigió a procuradores fiscales titulares
