En caso Jet Set: defensa de Antonio Espaillat solicita contra-peritaje a ruinas del centro de diversión

En el desplome del techo de la discoteca fallecion 235 personas. El Ministerio Público sostiene que los propietarios del Jet Set conocían los problemas estructurales del techo y realizaron soluciones insuficientes que contribuyeron a la tragedia

Los abogados de Antonio y Maribel Espaillat, propietario y gerente de la discoteca Jet Set, solicitaron al juez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Amaury Martínez, que ordene un contra peritaje a las ruinas del centro de diversión, donde fallecieron 235 personas y otras resultaron heridas tras el derrumbe del techo ocurrido el pasado 8 de abril.

Los juristas Miguel Valerio y Ramón Núñez interpusieron la petición, cuyo conocimiento fue fijado para este lunes.

El magistrado decidirá si acoge o no la solicitud, como parte de las diligencias para recopilar pruebas en la preparación de la defensa de los imputados.

El derrumbe del techo de la discoteca Jet Set dejó 236 personas fallecidas la madrugada del martes ocho de abril.

Por su parte, el Ministerio Público sostiene que los hermanos Espaillat recurrieron a soluciones paliativas inadecuadas con la intención de ahorrar recursos, pese a tener conocimiento directo de los graves problemas estructurales del techo, evidenciados en reportes visuales, fotografías, videos y comunicaciones internas de sus empleados.

Las pesquisas indican que los propietarios del Jet Set sobrecargaron la estructura del techo con sistemas de climatización de gran volumen, incluyendo seis aires acondicionados de 15 y 20 toneladas cada uno, además de tinacos de agua, todo ello sin estudios técnicos que avalaran la capacidad del edificio para soportar dicho peso.

Actualmente, los hermanos Espaillat cumplen medida de coerción consistente en una garantía económica de RD$50 millones, presentación periódica ante el tribunal e impedimento de salida del país. El órgano acusador les imputa homicidio involuntario.

Esta medida fue ratificada por la Tercera Sala de la Corte de Apelación, que rechazó el recurso presentado por el Ministerio Público, el cual buscaba imponer prisión preventiva o arresto domiciliario, alegando proporcionalidad del hecho y posible riesgo de fuga u obstaculización de la investigación.