Le mantuvo las medidas de coerción de impedimento de salida y el pago de garantía económica
El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional varió la noche de este lunes la medida de coerción a Alexis Medina, quien figura como el principal imputado del caso Antipulpo.
La magistrada Yissell Soto dispuso el levantamiento de la prisión domiciliaria, así como el retiro del grillete electrónico.
Pero le mantuvo, el impedimento de salida del país y el pago de una garantía económica de 60 millones de pesos.
Al salir de la audiencia, el abogado Richard Martinez, representante legal de Medina, manifestó: “Se hizo justicia porque no hay justificación legal para que un ciudadano que se ha mostrado durante todo el proceso de manera ejemplar, no tiene justificación que durara tres años preso, eso fue lo que se pidió y eso se ha hecho”.
En tanto que Alexis Medina dijo que “se acogió la ley de la República Dominicana y de nuestra Constitución”.
Alexis y Magalys Medina Sánchez, son señalados como principales imputados en el caso de corrupción denominado Antipulpo que, según la acusación de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción (Pepca), realizaron una estafa de más de 5,000 millones de pesos al Estado durante la dos gestiones de su hermano, el expresidente Danilo Medina, a través de contratos irregulares con las empresas del hermano del exmandatario.
Otros imputados en este expediente son el exministro de Salud Pública, Freddy Hidalgo, Wacal Vernavel Méndez Pineda, Carlos José Alarcón, Aquiles Cristofer, Antonio Florentino, Rigoberto Alcántara Batista, José Idelfonso Correa, Libni Valenzuela, Francisco Brea y Víctor Encarnación Montero.
También se involucra a Lina Ercilia Vargas, Pacristy Ramírez, Carlos Martín Montes de Oca y Paola Molina así como al expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), Fernando Rosa, José Dolores Santana, el excontralor Rafael Antonino Germosén Andújar y José Miguel Genao.
Antes, el juicio Antipulpo, que está en la etapa de fondo, fue aplazado por la jueza Yissell Soto, debido a que uno de los imputados se presentó a la audiencia sin abogado.
La jueza otorgó a Francisco Brea un plazo de tres días para que busque un representante legal. Estableció que de no presentar un nuevo abogado en el tiempo otorgado, se enviaría la glosa procesal a la oficina de la Defensoría Pública, para que le sea asignado un defensor público.
Pautó para el lunes 8 de enero de 2024 a las 9:00 de la mañana, la continuación del proceso, que se encuentra en fase de lectura de la acusación.
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