El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, defendió las investigaciones y los casos que han presentado ante la justicia, desde que la magistrada Miriam Germán Brito asumió la posición de procuradora.
Aseguró que han presentado en los tribunales procesos blindados, ya que el fin de esa entidad no es persiguir casos, sino estructuras de corrupción.
“Nosotros no perseguimos casos, nosotros perseguimos estructuras que se han dedicado a depredar el erario por eso nosotros hacemos operaciones, por qué, porque nuestras operaciones procuran desmontar esas estructuras”, aseguró a la salida de la revisión obligatoria de la medida de coerción contra cinco implicados en la Operación Medusa, donde su principal acusado es el exprocurador Jean Alain Rodríguez.
Dijo que el presentar acusaciones por casos es una acción obsoleta, que pudieron hacer en el caso Anti Pulpo, donde se involucra al hermano del expresidente Danilo Medina.
Explicó que se pudo hacer un caso para desmontar el tema de las Edes, otro para la Policía Nacional, la Unidad de Electrificación Rural y Sub-urbana (Uers), Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe) y Salud Pública, pero todos fueron estructurados en en el expediente Anti Pulpo.
“La forma correcta de perseguir el crimen organizado y perseguir corrupción es la de desmontar estructuras de corrupción y nosotros estamos enfocados día y noche en trabajar en esa dirección”, expresó.
Sobre revisión obligatoria
La jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Altagracia Ramírez de la Cruz, ratificó la medida de coerción contra Jonathan Rodríguez, Alfredo Alexander Solano Augusto, Jenny Marte Peña, Altagracia Guillén Calzado y Rafael Antonio Mercede Marte, implicados en la operación Medusa.
La decisión de la jueza se debe a que la defensa no presentó elementos que permitan variar los presupuestos que dieron origen a las medidas interpuestas.
Solano Augusto y Rodríguez Imbert, cumplen prisión preventiva en Najayo-Hombre, San Cristóbal.
Mientras que a Jenny Marte, Altagracia Guillén y Rafael Mercedes, se les impuso garantías económicas, impedimento de salida del país y presentación periódica.
Demás implicados
Javier Alejandro Forteza Ibarra, a quien se le dicto 18 meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y rehabilitación de Najayo Hombres, en San Cristóbal y Miguel José Moya, a quien le fue impuesta una garantía económica de RD$1 millón en modalidad de contrato, a través de una compañía aseguradora, impedimento de salida y presentación periódica.
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