El titular de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, afirmó que todas las informaciones que poseen sobre la red que desfalcó al Estado con más de 17 mil millones de pesos y que supuestamente encabeza el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, se las enviaron las instituciones oficiales correspondientes y por sus incumbentes, como es costumbre en todas las investigaciones que realizan y han sometidos a la justicia.
Camacho respondió así a la denuncia del abogado Ángel Lockward, uno de los supuestos beneficiarios con libramientos de pagos en la red que estafó al Estado, según el Pepca.
Lockward ha denunciado en artículos de opinión publicados en el Listín Diario que los informes en los que se basa el Pepca, y de los cuales la jueza Kenya Romero, coordinadora de los juzgados de instrucción autorizó a las entidades financieras ofrecer informaciones de los implicados a las autoridades se basan en informes de una auditoría que ha sido declarada falsa por el contralor.
El abogado y exministro de Industria y Comercio en el gobierno de Hipólito Mejía (2000-2004) sostiene que, de llegar a la justicia, el caso debe caerse por el uso de documentos falsos.
“Nosotros no damos detalles sobre investigaciones abiertas, ahora bien, todo el que nos conoce sabe que todas las informaciones que nosotros utilizamos en todos nuestros procesos son informaciones recibidas de manera oficiales enviadas por las instituciones correspondientes y por los incumbentes de esas instituciones y este caso no es la excepción. Nosotros actuamos siempre de cara al sol y eso se va a ver en su momento cuando el proceso esté en condiciones de llegar a los tribunales”, aseguró Camacho.
El director del Pepca rechazó ofrecer más detalles de la investigación que llevan en proceso en contra del exministro de Hacienda, Donald Guerrero, Simón Lizardo Mézquita, exadministrador del BanResrevas; y 182 personas más, así como a 26 empresas.
Ángel Lockward, de Ángel Lockward & Asociados, supuestamente recibió 74.1 millones de pesos de los libramientos de pagos realizado por expropiaciones de terrenos y cesiones de créditos de dudas administrativas que superan los RD$17,300,642,051.07.
Otros exfuncionarios involucrados en la supuesta red son Emilio César Rivas Rodríguez, exdirector de Bienes Nacionales; Claudio Silver Peña, exdirector nacional de Catastro; Luis Miguel Piccirillo Mccabe y Domingo Enrique Martínez Reyes, del Consejo Estatal del Azúcar; Luis Baldemiro Reyes Santos, exdirector de Presupuesto; Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana, excontralor general de la República; y Princea Alexandra García Medina y Aldo Antonio Gerbasi Fernández, de la Dirección de Reconocimiento de Deuda Pública, entre otros.
