El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ratificó medida de coerción contra Adán Cáceres y demás implicados en operación Coral

El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ratificó este viernes la medida de coerción en contra de Adán Cáceres, la pastora Rossy Guzmán Sánchez y demás implicados en el entramado de corrupción desarticulado mediante la operación Coral.

La jueza Keila Pérez Santana acogió la solicitud del Ministerio Público, que aseguró debe mantenerse la coerción para preservar el desarrollo de la investigación del entramado que supuestamente desarrollaba sus actividades delictivas en el Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep) y en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).

Los abogados dijeron que van a esperar que se notifique la sentencia para recurrirla ante la Corte de Apelación. Héctor López Rodríguez, abogado de la pastora Rossy, consideró que la decisión evidencia que los jueces les tienen miedo a los fiscales porque acogen todo lo que estos solicitan.

Además de Cáceres Silvestre y Guzmán Sánchez, por el caso Coral son procesados el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, hijo de la religiosa; el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz. El grupo cumple prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo, en San Cristóbal.

En el caso del mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez, cumple arresto domiciliario vigilado e impedimento de salida del país.

El Ministerio Público establece que este entramado criminal también realizaba operaciones fraudulentas para adquirir una gran cantidad de bienes muebles e inmuebles, vehículos de lujo y propiedades en diferentes lugares del país.

En las investigaciones que ha desarrollado el Ministerio Público encontraron que supuestamente los acusados habían comprado propiedades millonarias, que incluyen un yate, con fondos sustraídos del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).

En torno a estos hallazgos, el Ministerio Público descubrió que el coronel Rafael Núñez de Aza también fungió como director financiero del Conani, a pesar de que no aparecía en los registros públicos.