El presidente Luis Abinader decidió este jueves, a través de un decreto, declarar en emergencia los procesos de compras y contrataciones para la reparación de los planteles educativos que resultaron con daños por el temblor de 5,3 grados ocurrido el pasado primero de febrero en el país.
El mandatario tomó la decisión tras un informe preliminar de la Dirección de Gestión Ambiental y de Riesgo del Ministerio de Educación que determinó que unas 162 escuelas resultaron afectadas por el movimiento telúrico.
El decreto 32-23 detalla que la declaratoria de emergencia abarca diez provincias, en las cuales se registraron daños a los centros educativos. Estas son: Azua, Barahona, La Vega, Duarte, Santiago, Santo Domingo, Puerto Plata, María Trinidad Sánchez, San Cristóbal y Sánchez Ramírez.
El epicentro del sismo del pasado miércoles tuvo lugar en el mar, en las proximidades de Las Calderas, del municipio Baní, provincia Peravia, pero esta no fue incluida en esta declaratoria de emergencia.
Sin embargo, el decreto señala que otras provincias podrán incluirse después de que la Dirección de Gestión Ambiental y de Riesgo del Ministerio de Educación concluya sus evaluaciones.
Con esta declaratoria, el presidente Abinader autoriza al Ministerio de Educación realizar los procesos de compras y contrataciones de bienes, servicios y obras a través de la excepción de emergencia nacional, para contrarrestar los efectos ocasionados por el sismo en los planteles escolares afectados en sus estructuras.
Además, precisa que estos procedimientos de contratación por excepción deberán realizarse acorde con las disposiciones de la Constitución de la República y la normativa vigente en la materia de contrataciones públicas.
Igualmente, Educación deberá gestionar los procedimientos de excepción por emergencia nacional a través del Portal Transaccional administrado por la Dirección General de Contrataciones Públicas.
El artículo 4 de la decisión presidencial obliga al ministerio de Educación a rendir un informe detallado a la Contraloría General de la República y a la Cámara de Cuentas y difundirlo a través del portal de la institución, así como en el Portal Transaccional dentro de los 15 días calendarios después de satisfecha la necesidad provocada por la situación de emergencia.
La declaratoria de estas contrataciones de emergencia nacional tendrá una duración de 30 días a partir de la emisión del presente decreto.
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